Esta vez ha sido el Tribunal de Cuentas quien ha regañado al mismísimo Ministerio de Empleo por su descontrol en las subvenciones para formación concedidas en 2010. Al Ministerio y a la Fundación Tripartita, integrada por Administración, patronales y sindicatos. Y los detalles de la regañina causan sonrojo e indignación, cuando se conocen desde esta parte del ciudadano pésimamente administrado. Asombra que en 2014 se conozca esta reprimenda sobre la formación de 2010, un retraso por parte del Tribunal que tampoco parece admisible.

 Si exagero o no en los calificativos, juzgue usted mismo querido lector: falta de garantía en los principios de concurrencia, transparencia, objetividad e igualdad inspiradores de la gestión de las subvenciones; ausencia de rigor y exhaustividad en la planificación, concesión y ejecución de los planes de formación; y falta de justificación de las horas dedicadas a impartir los cursos de un importe más de 54 M€ por parte de las entidades beneficiadas.

Desde la reforma laboral de 2012 se han introducido cambios en el sistema de subvenciones para formación que mejoran los principios de libre competencia en este asunto y que permiten albergar esperanzas sobre una gestión menos desastrosa. Optimismo gratuito, por aquello de pensar en positivo. Aunque, visto lo visto, roza la ingenuidad.

Y entre lo visto se encuentran casos difícilmente justificables, como subcontratar más de 412 M€ con entidades que no se presentaron a licitación, sin justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria; o que determinadas personas hicieran más de cincuenta cursos con cargo a la misma convocatoria; o que en un total de 7.776 acciones formativas con un coste de más de 31 M€, todos los participantes en cada uno de los cursos pertenecían a la misma empresa.

Así se entiende que el administrado reniegue y patalee contra las administraciones que despilfarran su dinero, el que cada ciudadano aporta con los impuestos. Y que reclame todo tipo de responsabilidades a quienes, por acción u omisión, han intervenido en situaciones similares, unos por repartir fondos sin las garantías exigidas al proceso, y otros por no verificar con diligencia el cumplimiento de dichas garantías. Y que pida la supresión de las entidades públicas ineficaces. Y que exija la reforma prometida de las administraciones públicas, para que el ciudadano verifique siempre el buen uso que la administración hace con su dinero.