El consejero de Economía y Hacienda,Francisco Martínez Asensio ha mostrado hoy su deseo de que medidas como el nuevo decreto sobre medidas tributarias permitan reducir entre un 10 y un 15 por ciento el desempleo en la Región de Murcia.

El consejero ha hecho esa afirmación en declaraciones a la prensa previas a su comparecencia en la Asamblea Regional de Murcia, donde ha presentado para su convalidación el decreto ley 2/2014 de 1 de agosto sobre Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.

Según ha indicado, el decreto, que está en vigor desde el 1 de agosto y ha sido convalidado solo con los votos favorables del PP, tiene como "objetivo fundamental" la creación de empleo y que esta "no tenga altibajos".

Así, ha insistido, los esfuerzos del Gobierno están puestos en reducir la cifra de 141.000 demandantes de empleo registrados en el mes de agosto, y con este decreto, ha afirmado, "quisiéramos estar en condiciones de que antes de fin de año eso se hubiera reducido entre un 10 y un 15 por ciento".

El decreto, ha detallado, se organiza en tres apartados fundamentales, el primero de ellos relacionado con bonificaciones en impuestos como los de sucesiones y donaciones, entre otros, para fomentar la continuidad de empresas y negocios familiares y evitar su cierre.

Un segundo punto está destinado a la simplificación burocrática y administrativa mediante las denominadas "licencias expres", que permitirán poner en marcha negocios de manera inmediata solo presentando una declaración responsable, lo que facilitará la creación de nuevos negocios.

Por último, en materia de función pública, se pondrán en marcha dos nuevos cuerpos de funcionarios, inspectores tributarios, para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, lo que aportará más ingresos a las arcas públicas sin costes adicionales para los ciudadanos.

Además, Martínez Asensio ha propuesto que el decreto pueda tramitarse de nuevo más adelante como proyecto de ley, para poder ser completado con propuestas de los partidos durante su debate parlamentario.

Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de esa propuesta, por lo que los partidos tendrán un plazo de 15 días para presentar enmiendas que completen o modifiquen el texto, de cara a reanudar el debate.

El diputado del PP Domingo Segado ha mostrado el apoyo de su grupo al decreto, ya que ha considerado que ayudará a que la "recuperación económica llegue a las familias".

Eso se consigue, ha dicho, acelerando el crecimiento y la creación de empleo, para lo que se tomarán medidas a través del decreto como son la bajada de impuestos, la reducción de la burocracia y la lucha contra el fraude fiscal.

El PSOE, sin embargo, ha votado en contra de la convalidación del decreto ya que, según ha explicado el diputado Alfonso Navarro, su contenido solo aporta "medidas coyunturales pero sin calado alguno", que no darán solución a problemas como la deuda pública regional, el paro, la situación de las empresas o el fraude.

En su opinión, la situación económica de la región es muy grave, y la situación social "más grave todavía", por lo que "su enfermedad no puede arreglarse con tiritas, sino con medidas de mayor calado".

Además, ha considerado que el decreto no cumple con los requisitos de urgencia necesarios para su aprobación, y ha lamentado que la norma "vulnera" las condiciones de negociación con los representantes de los trabajadores en el caso de la creación de nuevos cuerpos de funcionarios, lo que se ha aprobado sin pasar por la negociación colectiva.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de IU-V, José Antonio Pujante, que también se ha opuesto a la convalidación del decreto "tanto por razones formales como de contenido".

Entre las primeras, ha considerado que se incumple el uso excepcional y extraordinario que debe tener el decreto, ya que esta norma podría tramitarse como ley, y ha lamentado que se aborden diferentes cambios legislativos sobre temas diversos que afectan a varias leyes y no a una sola.

En cuanto al contenido, ha denunciado también la falta de negociación colectiva a la hora de establecer nuevos cuerpos de funcionarios, y ha criticado algunas bonificaciones a usuarios de residencias y centros de día, que ha calificado de "insignificantes".