Democracia Implicativa
Parafraseando al singular personaje de Antonio Machado, Juan de Mairena, convendremos que “una verdad es una verdad, la diga Agamenón o su porquero” y es por ello que les planteo en este artículo una visión histórica de lo que se ha definido como la “democracia participativa”.
Desde un punto de vista práctico, la democracia es una modalidad de gobierno y de organización de un Estado, en la que por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo selecciona a sus representantes, constituyendo una opción de alcance social donde para la Ley todos los ciudadanos gozan de libertad y poseen los mismos derechos y deberes, estableciéndose las relaciones sociales de acuerdo a mecanismos contractuales.
Sin embargo una serie de factores que resultaría prolijo enumerar, entre los que no resultan ajenos ni la endogamia de los partidos políticos en su dimensión estrictamente excluyente, ni la percepción social del concepto de casta privilegiada o el fenómeno que Giovanni Sartori bautizó como la “telepolítica”, es decir política desde la imagen por contraposición a la política desde el entorno del votante, pasando naturalmente por el desapego ciudadano, han devenido en la construcción de un modelo que durante mucho tiempo se limita al ejercicio del derecho de sufragio por parte de la ciudadanía, dando lugar a lo que se ha llamado la democracia plebiscitaria.
Tal es así que ya en 2001 tanto la OCDE como el Consejo de Europa comienzan a introducir Recomendaciones institucionales al considerar “que la permanente y constante desafección ciudadana hacia el sistema político ha pasado de ser una mera descripción a constituirse como un problema”, según refleja E. Ganuza, investigador del CSIC. Esta toma de conciencia política cristalizó en la creación y puesta en marcha de nuevos instrumentos de participación con medidas encaminadas a revitalizar la implicación de la ciudadanía y fortalecer a las propias instituciones. Referentes históricos son, pues Porto Alegre (Brasil), EE UU, y algunos países europeos y sudamericanos.
Es preciso señalar, acudiendo al aforismo “natura non facit saltus”, que ya a mediados de los años 90 se inician en España procesos participativos en torno a las Agendas 21 y los Planes Estratégicos, que aunque plantean una dimensión más implicativa de la ciudadanía, hacen un uso desigual de la participación. Tendrán que pasar unos años, hasta finales de los noventa y primeros del nuevo siglo, para que asistamos al nacimiento de procesos participativos de base deliberativa y características mixtas asociativo/individuales. Serán los Jurados Ciudadanos en el País Vasco y Cataluña, así como los presupuestos participativos en Córdoba, Alcobendas y Logroño algunas de las primeras muestras de esa profundización democrática que supone el acercar al ciudadano la toma de decisiones y la transparencia en la gestión pública.
En el resto de Europa las experiencias pioneras comienzan en el Reino Unido y Alemania con la creación de los Jurados Ciudadanos y Planes de Barrio respectivamente. En Francia en el año 2002 fue promulgada la Ley de Democracia de Proximidad, la cual instaura Consejos de Barrio en ciudades de más de 80.000 habitantes. Como no, mencionar muy destacadamente la interesante experiencia de Brasil, iniciada en Porto Alegre en 1989 y en donde hasta 2003 se había extendido a cerca de 150 municipios la realización de la gestión local mediante Presupuestos Participativos. A finales de los 90 estas experiencias habían traspasado las fronteras brasileñas hacia ciudades de Ecuador, Perú, Colombia y Argentina.
En la realidad española, merece mención especial la experiencia de Córdoba, Logroño, Sevilla, Barcelona, Madrid, Albacete o Málaga entre otras ciudades pioneras.
En la Región de Murcia, el proceso más relevante y ambicioso en participación ciudadana es el realizado en la ciudad de Molina de Segura, cuyo Ayuntamiento, tras los trámites previos, aprueba su Estatuto de Participación Ciudadana en 2007 y comienza el desarrollo e implementación de los Presupuestos Participativos en 2013, con unos criterios de justicia social que permiten vincular lo particular y lo general de acuerdo a un horizonte de justicia distributiva. En este proceso cabe reconocer la valiosísima aportación técnica y personal de José Molina, Doctor en economía y sociólogo, autor de numerosos artículos y entre otros del libro “Ciudadano y Gasto Público”, quien sinérgicamente con el liberal alcalde Eduardo Contreras dedican sus esfuerzos tanto a la transformación llevada a cabo en Molina como a su difusión y traslado a otras ciudades de la Región y del resto de España, interesadas en sumarse al proceso irreversible de transparencia y participación ciudadana en la gestión pública, generando de esta manera el mayor proceso participativo de la historia de la administración local en nuestra Región.
Democracia participativa es, pues, democracia implicativa. Y ello lleva aparejado un elemento de facilitación por parte de los poderes públicos, una demanda de la sociedad civil y un tercer elemento trascendental: una ciudadanía educada en la participación.
