El próximo día 1 de enero termina la moratoria para la finalización de la vigencia de los denominados arrendamientos de renta antigua de locales comerciales. Por ello más de 200.000 negocios familiares de toda España,  en su gran mayoría de trabajadores autónomos, deberán renegociar las condiciones de alquiler, viéndose abocados a asumir un importante incremento del precio de los mismos.

En la Comunidad de Murcia el número de locales afectados pueden ser más de 5.000, especialmente en el centro de la capital y en los cascos antiguos de algunas de las localidades más importantes.

Por esta razón, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Murcia (UPTA) se ha unido a la Plataforma de afectados con alquileres de renta antigua, denominada “No al Cerrojazo”. Su objetivo es reclamar al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que se modifique la Disposición Transitoria Tercera de la LAU, estableciéndose un régimen transitorio consistente en una nueva moratoria de diez años, asumiendo un incremento razonable y una actualización adecuada de los precios del alquiler durante este nuevo periodo.

La anterior moratoria se aprobó debido a los problemas económicos que entonces sufría el país tras la crisis de 1993. Situación que para Mamen Martínez, secretaria general de UPTA Murcia, es “sin duda mucho más grave hoy,  en particular para los sectores más afectados por la medida, como son el comercio al por menor, talleres de reparación, hostelería o pequeños alojamientos hoteleros”.

Martínez trasladará a los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea Regional una propuesta para que por unanimidad se dirijan al Gobierno de la Nación con el fin de instar esta moratoria y de esa forma no perjudicar gravemente, no sólo los intereses sociales y económicos de un buen número de comerciantes murcianos, sino también evitar la consiguiente degradación urbanística de los ejes comerciales y la pérdida de atractivo  turístico de algunas ciudades.