Convendremos con Boaventura Santos que la Democracia Participativa se funda en una nueva “gramática social” cuyos principales elementos son los conceptos de diversidad sociocultural, pluralismo, ciudadanía activa, reivindicación de identidades  y subjetividades, autonomía y fortalecimiento del espacio público entre otros, introduciendo nuevos conceptos en el tratamiento de las relaciones entre la sociedad y el poder público. Ello conlleva, como reconoce Felipe LLamas, el nacimiento de una nueva ciudadanía con nuevas demandas participativas, informada y más reflexiva que reivindica espacios crecientes en los procesos de toma de decisiones y que alejada de viejos formatos rígidos y jerárquicos de participación, se implica en espacios cuyo funcionamiento es más horizontal y democrático.

Algunos gobiernos locales están favoreciendo estas nuevas formas de hacer y entender la política, donde la relación entre municipios y ciudadanía se presenta como una oportunidad para conseguir una gobernabilidad en donde la implicación de movimientos asociativos y ciudadanos activos participan para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Entre estas nuevas formas de hacer política están los Presupuestos Participativos.

Para el economista brasileño Subiratán de Souza, participante en la puesta en marcha de los primeros presupuestos participativos en la ciudad de Porto Alegre y el estado de Rio Grande do Soul, se trata de la implementación de un proceso de democracia directa, voluntaria y universal en donde la población puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas, de modo que el ciudadano no limita su participación a votar cada cuatro años, sino que también toma decisiones y controla la gestión del gobierno. En definitiva se crea un nuevo espacio público de encuentro entre la ciudadanía y el poder elegido, que se convierte en auténtico espacio de decisión.

Así, pues, tras la implantación de esta primera metodología de gestión pública presupuestaria en el año 1989 en la citada ciudad de Porto Alegre hasta el día de hoy, se tienen noticia de más de quinientas ciudades en donde se han instaurado los presupuestos participativos en todo el mundo, siendo España el país de europeo donde más experiencias existen.

Su implementación precisa de un enorme esfuerzo dinamizador por parte de los gobiernos locales, del logro de una interlocución válida con representantes vecinales, del contacto directo con la ciudadanía mediante asambleas de barrio, de la permeabilización de la filosofía de la democracia participativa y de la naturaleza y objetivos de los presupuestos participativos a los grupos políticos con presencia en el Consistorio, de la asunción por parte de la organización administrativa municipal de estos nuevos avances y de la capacidad de elaboración de un reglamento de participación que recoja y regule todo el proceso.

En un proyecto de esta naturaleza es necesario, como señala José Molina, hacer un gran esfuerzo de comunicación a los ciudadanos para conseguir la mayor transparencia sobre el presupuesto municipal, con el fin de que no existan partidas “opacas” o de difícil identificación, ya que una administración pública que decide apostar por un proceso como éste, debe realizar un esfuerzo permanente de conocimiento y divulgación de todos los recursos financieros.

La exigencia de cambios respecto a inercias anteriores se imponen con denuedo. En el proceso de los presupuestos participativos, como señala Carmen Pineda, la administración municipal debe dar cuenta del funcionamiento de todas las fases del mismo, de su ejecución y grado de cumplimiento, haciéndolo con claridad, periodicidad y comprensión, utilizando para ello de una manera eficiente las nuevas tecnologías, hasta el punto de que se debe fomentar una cultura y estilo de trabajo que favorezca la transparencia. Conceptos como la administración de cristal acuñados por Molina ó la difusión proactiva de la información relevante en la red sin esperar a preguntas específicas de los ciudadanos o representantes, como señala Zapico emergen de la mano del nuevo logro de la democracia participativa.

Jordi Borja señala que el hecho mismo que las administraciones locales pasen de trabajar “para las personas” a “con las personas”, implica un paso organizativo hacia lo relacional, donde las personas son el centro de la acción y donde a estas se les reconozca el derecho de ser sujetos activos en la construcción colectiva de su ciudad: la ciudad que queremos.

Actualmente el proceso de implantación más avanzado de los que se dan en la Región de Murcia respecto de los presupuestos participativos es el que se lleva a cabo en Molina de Segura que cuenta con un Estatuto de Participación Ciudadana desde 2007, siendo en enero de 2013 tras la generación de dos millones de euros de ingresos adicionales, cuando inicia el camino irreversible para su puesta en funcionamiento. Ese es el punto de partida de un gran proyecto colectivo desarrollado bajo los auspicios de la Administración Local, cuyo protagonista esencial es el movimiento ciudadano y que acordó por unanimidad reforzar las políticas sociales y la creación de empleo en el municipio. El Ayuntamiento, en línea con las tesis de transparencia e información, puso igualmente en marcha el portal Gobierno Abierto para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información relevante. Tras la experiencia del presupuesto 2014, en la actualidad ejecutándose, en estos días está previsto la celebración de asambleas de barrios y pedanías, punto de partida para la recogida de demandas directas de los ciudadanos que posteriormente, conforme a lo regulado en el Estatuto de Participación Ciudadana y en el Autorreglamento, una vez valoradas y elaboradas constituirán la base sobre la que se priorizará el gasto del presupuesto participativo 2015. Todo ello ha situado al cuarto municipio de la Región, en un referente nacional e internacional en materia de democracia participativa y del presupuesto participativo.

Twitter: @MAngelrtorres