Entre los detenidos por la operación Púnica, que ha causado el arrestro de más de medio centenar de personas en varias comunidades autónomas (incluido el ex vicepresidente de Madrid, Francisco Granados), se encuentran el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso y el actual secretario del Instituto de Turismo de la Comunidad Autónoma, Jesús Galindo.

A Alonso, según informaciones periodísticas, se le ha detenido al ser socio de uno de los constructores madrileños arrestados, David Majarliza en la sociedad Atalia. Esta sociedad medió en la venta de los terrenos de Zinsa en la ciudad portuaria. Según los primeros datos que han trascendido, la Benemérita sospecha que David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, otro industrial, eran los dos conseguidores de la citada red presuntamente delictiva.

Entre los detenidos en la Región también se encuentra Jesús Galindo, quien además de ostentar actualmente el cargo de secretario de Turismo, fue gerente del Centro de Cualificación Turística de la Región.

En el marco de esta operación la Guardia Civil ha detenido a un total de 51 personas en Madrid, Valencia, Murcia y León, acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de lograrse adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.

La operación está dirigida por Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

La operación anticorrupción sigue abierta y no se descartan más detenciones, han añadido las mismas fuentes, que han indicado también que se prevén registros.

Petición de información en la CARM

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto emitir en las próximas horas un comunicado con información sobre esta operación.

La Guardia Civil ha estado esta mañana en las dependiencias del Instituto de Fomento, de donde se han llevado diversa documentación.

En el resto de España, el juez ha ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.

El origen de la operación se encuentra en el descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Fransico Granados, con un saldo de millón y medio de euros.

Los delitos que se imputan a la trama son los de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.