Jesús Galindo, secretario del Instituto de Turismo de la Región y antiguo gerente del Centro de Cualificación Turística (CCT), ha quedado hoy en libertad sin fianza, pero seguirá imputado en supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude. Esta ha sido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras tomarle declaración a lo largo de la tarde.

Galindo ha sido uno de los primeros detenidos en la ‘Operación Púnica’ en comparecer ante el juez, una atención a su edad y a su delicado estado de salud: es diabético y ya durante su primer día de detención el pasado lunes en la Comandancia de la Guardia Civil tuvo que ser trasladado al hospital para ser atendido.

Tras él fueron interrogados el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP).

Para mañana está prevista la declaración de los principales implicados en la trama, tanto el ex secretario general del PP en Madrid y ex vicepresidente de esta Comunidad, Francisco Granados, como los empresarios supuestamente beneficiados por la trama de amaño de contratos. La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos -PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA-, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

Según fuentes informativas, la organización, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación de León para conseguir contratos públicos en la gestión de como el de eficiencia energética. Este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.
Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.