La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido de 26 personas, en su mayoría funcionarios, en una operación bautizada como 'Enredadera' y que supone la tercera fase de la investigación de la  Operación Madeja que está desarrollando este martes por orden de la jueza Mercedes Alaya. Los agentes se han personado a primera hora del día para practicar registros en la consejería de Fomento de la Diputación de Sevilla, en la de Jaén y en el ayuntamiento de La Carolina (Jaén).

Entre los detenidos se encuentra el responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio; un funcionario de la consejería de Fomento extremeña, un jefe de sección de este departamento que ha sido trasladado a Sevilla; dos personas en Lanzarote y Gran Canaria; y otras cinco en Córdoba. Se trata de una operación que se está desarrollando en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.

La jueza Mercedes Alaya investiga, entre otras cuestiones, si determinadas personas pudieron recibir prebendas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a empresas sevillanas como Fitonovo y Fiverde. Cabe recordar que la jueza dictaba este mismo lunes un auto para prorrogar nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre esta operación, donde hay ya 13 imputados. La causa investiga en primera instancia si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, entre otros, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios. Castaño consiguió reunir la fianza de 60.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla para su puesta en libertad en agosto de 2013.

La Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. A juicio de los investigadores, las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas.

La Operación Madeja viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla. Desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, la operación se había saldado hasta el momento con nueve detenidos, si bien los que llegaron a ingresar en prisión salieron en libertad bajo fianza.

A Castaño se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Las diligencias de esta investigación se dirigen también contra su esposa, el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente 'Fitonovo', Rafael González Palomo, y el exadministrador de la empresa 'Fiverde' Ángel Manuel Macedo.

En diciembre de 2013, la UCO practicó la segunda fase de la Operación Madeja, poniendo a disposición judicial a otras cinco personas. Fueron José Antonio González Baró, hijo del dueño de Fitonovo --Rafael González Palomo, detenido en la primera fase--, y otro trabajador de esta empresa, así como dos funcionarios de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento hispalense y un empresario ajeno incialmente a Fitonovo.

Dentro de esta segunda fase, los agentes de la UCO imputaron a un funcionario municipal y al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue  destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.