¿Puede existir la humanidad sin gobernantes y gobernados? Los fundadores de la ciencia política creían que no. “Creo que existe una inclinación general en todo el género humano, un perpetuo y desazonador deseo de poder por el poder, que sólo cesa con la muerte”, pensaba Tomas Hobbes. Ante este planteamiento el antropólogo Marvin Harris en su celebérrima monografía Jefes, cabecillas, abusones nos pregunta: ¿Anida en el hombre una insaciable sed de poder que, a falta de un jefe fuerte, conduce inevitablemente a una guerra de todos contra todos? Para apostillar más adelante… Los Estados modernos organizados en gobiernos democráticos prescinden de leviatanes hereditarios (¡¡), pero no han encontrado la manera de prescindir de las desigualdades de riqueza y poder respaldadas por un sistema penal de enorme complejidad. Con todo, la vida del hombre transcurrió durante treinta mil años sin necesidad de reyes ni reinas, primeros ministros, presidentes, parlamentos, congresos, gabinetes, gobernadores, alguaciles, jefes, fiscales, secretarios de juzgado, coches patrulla, furgones celulares, cárceles ni penitenciarías. ¿Cómo se las arreglaron nuestros antepasados sin todo esto?

Dejemos por el momento a Harris investigando estos planteamientos en Nueva Guinea, Australia, Méjico o el Amazonas, para dar un paso justo en la dirección contraria, es decir, hacia adelante: ¿Cómo nos las vamos a apañar en los tiempos futuros si la antipatía ciudadana hacia los sistemas políticos convencionales ha crecido de manera exponencial?  Sabemos, desde que en 2001 tanto la OCDE como el Consejo de Europa realizasen aquellas primeras recomendaciones constatando  “que la permanente y constante desafección ciudadana hacia el sistema político ha pasado de ser una mera descripción a constituirse como un problema”, sabemos, decía que han transcurrido casi tres lustros en los que el abordaje del problema, excepcionando las contadas y honrosas ocasiones en las que se pasó del dicho al hecho, en la mayoría de las situaciones la aproximación ha sido tangencial –puesta en marcha de subproductos participativos-, ó cuanto más se elevó a experimental, lo que cuantitativamente no deja de ser insignificante.

El prestigioso historiador de Harvard y a veces sorprendente columnista del New York Times, Niall Ferguson postula la capacidad de la propia democracia para regenerarse y evolucionar. Hablamos de una evolución democrática caracterizada por la participación, por el desarrollo de procesos implicativos, una democracia construida sobre normas participadas por la ciudadanía de las que emanan unas instituciones cuya característica más destacable sea la transparencia. Los precedentes de los modernos procesos participativos como la experiencia de las Agendas 21 y los Planes Estratégicos, pusieron en valor los procesos participativos de base deliberativa en nuestro país hasta la aparición de los Jurados Ciudadanos en el País Vasco y Cataluña, con los que concluyen las experiencias datadas en el siglo XX. Es a partir del año 2001 en donde en torno al paradigma de los presupuestos participativos se comienzan a desarrollar en varias ciudades y pueblos de España las primeras muestras de esa profundización democrática que supone el acercar al ciudadano la toma de decisiones y la transparencia en la gestión pública.

Y esto, a todas luces, ni lo parece, ni es suficiente. Y supone una falta de reflejos por parte de los partidos políticos con responsabilidades de gobierno cuyas consecuencias, de no producirse tal reacción, podrían afectar a varias generaciones muy seriamente. El populismo demagógico acecha tras la catástrofe del derrumbe comunista. Surgen otras figuras, emergen otros rostros, nacen nuevas franquicias del antiguo socialismo de base leninista, vertiendo mensajes que encuentran cobijo en una ciudadanía hastiada de una clase política asentada en privilegios y caracterizada por un comportamiento conservador en lo que al combate de la corrupción y de las responsabilidades de sus cuadros se refiere, frente a una sociedad dolida por unas políticas pretendidamente austeras que no acaban de dar más fruto que la bajada del interés de la deuda pública, sin que se haya logrado que los ciudadanos sientan la reversión sobre sí de las pretendidas ventajas de las políticas aplicadas.

Entre las nuevas propuestas, sin duda, encontramos un referente de primer nivel en  las que el prestigioso economista y sociólogo español, José Molina, realiza en su libro Ciudadano y Gasto Público, y en su prolijidad conferencística y producción periodística, concretamente en lo que respecta a la necesidad de renovar la política.

“Estamos sin visibilidad, caminamos por vías de contactos con aproximación, avanzamos con miedo. Nos hemos quedado anquilosados estructuralmente ante las catástrofes. Los movimientos que han asolado a las empresas, los fondos, los rating, los calificadores de deuda, las trampas contables del sector público y privado, la corrupción, la falta de credibilidad en los políticos, los financieros y líderes de la comunidad, hipotecados por los poderes locales, han dejado a la sociedad sin respuestas…”

“Y ese problema es la falta de control del poder democrático sobre los oligopolios del sistema, sean del signo que sean, ya que un deber del político es asumir el rol conductor de su sociedad, para que las fuerzas extrañas al sistema democrático no dominen la esfera política. Se precisa de un liderazgo que, desde cada una de las estructuras locales y con miras a los retos del milenio , sea capaz de reconducir el sistema…”

Y es precisamente ahí, en el núcleo gordiano del diagnóstico y de las recomendaciones donde la democracia participativa, en el ejercicio del poder ciudadano responsable e indelegable, el que poseemos como sujetos activos todos los miembros de la comunidad,  en la asunción implicativa de la responsabilidad de decidir, de la toma de decisiones entre varias alternativas, lo que lleva aparejado el conocimiento en profundidad de la materia de relevancia sobre la cual es preciso actuar y de los límites legales y competenciales así como de los fundamentos mismos del Estado de Derecho, han de servir de revulsivo para, como predice la Teoría General de Sistemas, generar una nueva energía que neutralice la entropía que la situación política, económica y social pone de manifiesto dia tras día en una solución de continuidad realmente alarmante, convirtiendo la tendencia a la parálisis del sistema en un nuevo paradigma en donde confluyan las sinergias de todos los actores y movimientos sociales, pero también de los ciudadanos directamente, además del papel de los partidos políticos con una democracia participativa interna que ejemplarice a la propia sociedad de la que son reflejo.

Pero no lograríamos la consecución de los objetivos sin la piedra angular que conferiría legitimidad al sistema: la transparencia. Una transparencia necesaria en el quehacer y la gestión de las administraciones, o lo que es lo mismo, una administración pública con paredes de cristal. Ingresos, procesos de gestión y gastos transparentes, con las únicas limitaciones de las excepcionalidades o plazos que determinen algunos procedimientos recogidos en las leyes. Y cuando decimos transparencia, no podemos dejar de lado a los colaboradores necesarios, léanse movimientos sociales, sindicales ó empresariales, del mismo modo que tampoco quedan exentos de la autoaplicación que las exigencias de la democracia participativa reclama a las instituciones públicas.

Así pues, el conocimiento directo de la realidad por parte de los ciudadanos, la participación democrática y la transparencia se configuran como los pilares sobre los que se puede y debe construir este nuevo edificio democrático que la sociedad reclama a gritos.