En los últimos meses venimos asistiendo a un interesante, pero sobre todo interesado, debate acerca de la continuidad o no de políticos en cargos públicos cuando resultan imputados.

Probablemente una de las causas de la crispación creada venga producida por el desconocimiento del significado preciso del término.

Resumiéndolo mucho, un imputado es la persona a la que se le atribuye la posible participación en unos hechos que revisten apariencia de delito.

En este sentido conviene apuntar que el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a poner en inmediato conocimiento de una persona si se ha admitido una denuncia o una querella contra ella, así como de la existencia de cualquier actuación procesal de la que resulte que parezca que pueda tener relación con unos hechos con apariencia de delito.

Desde este momento, la persona afectada tiene conocimiento de dichas circunstancias y puede ejercer su derecho de defensa que, en síntesis, viene a resumirse en el derecho a no declarar contra sí mismo, a defenderse sirviéndose de un abogado y a la presunción de inocencia, esto es, a que se le considere inocente en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario. Algo con demasiada frecuencia olvidado.

Vistas así las cosas no es disparatado afirmar que si se están investigando unos hechos con los que uno pueda estar relacionado, la imputación es una garantía pues no sólo se va a tener acceso a las actuaciones, sino que se tendrá derecho a ser asistido de letrado, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los testigos.

Esa imputación no tiene porqué acabar necesariamente con una apertura de juicio oral frente al sujeto investigado, sino que puede finalizar con el sobreseimiento de las actuaciones respecto de su persona, lo que vendría a equivaler a una sentencia absolutoria sin haberse celebrado el acto del juicio propiamente dicho.
Y aquí es donde, tras la introducción hecha venimos a entrar en materia: ¿Debería un político que resulte imputado dimitir? Aparco la labor didáctica previa y entrando a opinar les diré, que depende.

Depende, en primer lugar, de las circunstancias de la imputación (si ha habido detención previa, prisión provisional o cualquier otra medida cautelar, por ejemplo) pero también del tipo de delito del que se le esté investigando y de las pruebas o evidencias existentes en las actuaciones.

Créanme si les digo que lograr la imputación de alguien es peligrosamente sencillo, basta con presentar una denuncia con una redacción de los hechos denunciados que permita incardinarlos en alguna conducta descrita como delito en el Código Penal y tengan por seguro que será imputada. Después se verá si se abre juicio o no contra él, pero eso ya es otro cantar, ¿verdad?

Porque sé lo fácil, y en ocasiones gratuito, que resulta lograr (en su acepción de victoria, pues hay quienes por estos pagos han brindado con la desgracia ajena) la imputación de una persona, es por lo que entiendo que no se puede generalizar y que hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones ya que detrás de esos hechos noticiados hay personas con familia, profesión y honor.

Lo que más me preocupa tanto como abogado como ciudadano de a pie es el uso que se ha estado y continúa realizando de las instancias judiciales por parte de aquellos que resultan precisamente beneficiados por la imputación del rival político.

Denunciar al adversario en el plano judicial pidiendo acto seguido su cese o dimisión para intentar derrotarlo fuera de la contienda política (de ahí el título de este artículo “y otras lides”), donde se ha fracasado, no sólo es deleznable sino que, además, es jugar con cartas marcadas.

Y más preocupante es que haya determinadas instancias públicas que, con sus actuaciones procesales en determinados momentos y con según qué personas, barajando tiempos más políticos que jurídicos, nos hagan dudar de que sirven con objetividad los intereses generales.

Por todo ello entiendo que resultaría muy recomendable que se alcanzara un pacto político entre los dos principales partidos para concretar todas estas cuestiones pero si aquel no fuera posible (parece que estuvo a punto de suscribirse pero acabó dinamitado por la oposición, sin duda alguna por motivos electorales) al menos cada partido debería de redactar un código interno con unos protocolos y reglas claras para que todos conozcan a qué atenerse.