Convendremos que el objetivo principal de una herramienta de participación directa como son los presupuestos participativos es que el ciudadano pase a  convertirse en un sujeto activo en la toma de decisiones de su Ayuntamiento, Administración  Autonómica ó Estatal, pasando a tener, por consiguiente, la capacidad de generar y proponer sus propias iniciativas sobre gasto público, o lo que es lo mismo, visto desde la institución, que la oportunidad de recoger con una considerable exactitud las demandas ciudadanas incorpore las necesidades del mayor número de ciudadanos posibles.

Según los datos ponderados, recogidos en encuestas de participación y en experiencias del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), sobre los procesos participativos más desarrollados, es decir, los que tienen lugar en el seno de una nada despreciable cifra de Ayuntamientos o municipalidades en todo el mundo, un poco más del 65% de los ciudadanos que asisten a las asambleas y reuniones de los presupuestos participativos han hecho llegar sus propuestas para mejorar la situación de su municipio. El resto de los participantes en el proceso se limita a votar y priorizar las propuestas de sus vecinos, en el mejor de los casos, y en el peor, a la mera asistencia, sin dejar constancia de su opinión, siendo este grupo el más reducido, ya que apenas llega al 10% de los asistentes a las asambleas de los presupuestos participativos. También se constata que en un modelo mixto de representación que contemple la vía de asociaciones/entidades ciudadanas junto con la asistencia personal y directa de los vecinos, la dinámica generada es más implicativa que en experiencias en las que participan sólo modelos asociativos representacionales ó sólo ciudadanos a título personal.

Para E. Ganuza y B. Gómez Fuertes, autores de un magnífico trabajo sobre presupuestos participativos publicado por la Fundación Alternativas, en donde se valoran las primeras experiencias desarrolladas en España: “Si analizamos las razones que llevan a unos ciudadanos a plantear alternativas a través de un análisis individual de su comportamiento, hallamos que ni la edad ni los estudios determinan el nivel de implicación dentro de los presupuestos participativos. No hay ningún grupo de edad que participe significativamente menos que los demás y tampoco existen diferencias entre los ciudadanos que no tienen estudios y los que tienen estudios superiores. Sin embargo el sexo y la pertenencia a una asociación sí tienen efectos en la incorporación de demandas propias. Las mujeres tendrían una probabilidad ligeramente más alta de no activar una propuesta, lo mismo que los ciudadanos que no pertenecen a ninguna asociación”.

Curiosamente, la búsqueda de elementos motivacionales de la participación y la eficacia implicativa extrajo una conclusión de primer orden: “El factor que más influye para activar las propuestas en los ciudadanos es haber asistido anteriormente a una asamblea de presupuestos participativos; los ciudadanos que tienen experiencia en el uso de este mecanismo de participación tendrían más probabilidades de hacer propuestas. También, en la misma línea, la pertenencia a municipios que llevan más años haciendo presupuestos participativos aumentaría el grado de participación de los ciudadanos dentro de las asambleas de los presupuestos participativos. Por otro lado, la percepción de compromiso real por parte del ayuntamiento de asumir las decisiones tomadas por los vecinos aumenta la probabilidad de que cada ciudadano asuma el coste de elaborar una pruesta propia. El conocimiento del porcentaje real del presupuesto municipal sobre el que están decidiendo los vecinos afecta a la participación activa dentro de las asambleas.  Los más informados sobre lo que son los presupuestos participativos son los que tienen más probabilidades de generar propuestas”.

Se constata igualmente en los procesos participativos desarrollados en los últimos diez años, que la posibilidad de que los ciudadanos puedan influir con sus propuestas en la organización y o priorización del gasto en capítulos presupuestarios no específicamente señalados como presupuesto participativo, incrementa la eficacia del proceso y la credibilidad ciudadana sobre la idoneidad de la fórmula participativa. Nace de esta manera lo que el economista y sociólogo José Molina Molina, Asesor Técnico de la Junta Local de Participación del ayuntamiento de Molina de Segura conceptúa como Presupuesto Ordinario Participado.  

F. Llamas Sánchez, en un trabajo publicado en la Revista de Intervención Psicosocial constata que “la simple puesta en marcha de espacios abiertos a la participación no garantiza por sí sola la participación ni tampoco la calidad de su funcionamiento. Esto es así porque existen muchas asimetrías entre las personas participantes que sólo pueden ser superadas a lo largo del tiempo en un proceso que implica conocimiento, información, recursos de poder, capacidad de comunicación, red de relaciones, poder de movilización, organización, inteligencia estratégica, etc… Es decir, se trata de un proceso de aprendizaje y pedagogía ciudadana por construir, especialmente entre los sectores más desfavorecidos y vulnerables, que permita superar exclusiones, desigualdades y asimetrías. Los gobiernos deben aportar los instrumentos necesarios para facilitar estos procesos, si tenemos en cuenta que la vida política son las relaciones entre fuerzas sociales”.

No debe faltar aquí tampoco, una referencia a la necesidad de formar, de educar en la participación, como compromiso que contraen las administraciones y movimientos ciudadanos que han puesto en marcha procesos de participación ciudadana.  El ciudadano de a pié, hasta ahora en general alejado de la toma de decisiones sobre su entorno, su ciudad, suele ser desconocedor de elementos que va a manejar en el proceso participativo: competencias de la administración local, procedimiento administrativo, gastos fijos, gastos corrientes, capítulos del presupuesto, artículos del presupuesto, obligaciones derivadas de la legislación estatal y de la comunidad autónoma, presupuesto plurianual, límites de gasto, etc., etc. La misma circunstancia, por supuesto, se da en lo que respecta a las demás administraciones inmersas en procesos participativos. La programación de jornadas formativas en democracia participativa y presupuestos participativos, así como la educación continuada orientada al conocimiento del escenario sobre lo que se debe decidir, como base educacional para acercar a los ciudadanos las características y elementos que componen estructuralmente la administración a la cual van a plantear sus sugerencias de mejoras u optimización parece incuestionable, si lo que se pretende es que la aportación ciudadana esté fundamentada y sea cualitativamente interesante, además de cuantitativamente importante.

Ni que decir tiene que el proceso de educación en la participación ha de pasar necesariamente por el acercamiento a las cada vez más numerosas experiencias en presupuestos participativos, llevadas a cabo en ciudades de todo el mundo y de diferente tamaño. Por otro lado, los datos refuerzan la impresión de que los presupuestos participativos necesitan rodaje para que los ciudadanos se vayan incorporando de una forma activa a la toma de decisiones sobre el gasto de su administración pública, sea Local, Provincial, Autonómica o Estatal.