El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Gas Natural SGD contra el real decreto que establece el reparto del coste del bono social, una tarifa subvencionada para consumidores que están en situación vulnerable, según publica el BOE.

Hasta la reforma de la Ley del Sector Eléctrico del año 2013 este coste -228 millones en 2013- lo asumían las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON- pero el Gobierno modificó la norma para extenderlo a otros agentes del sector.

El 21 de noviembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto en el que establece la metodología para distribuir este coste entre todos los operadores verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará cada año qué porcentaje corresponde pagar a cada empresa en función de los suministros conectados a las redes de distribución y los clientes de sus comercializadoras.