El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística ha citado a las 19:30 horas del próximo jueves a María Antonieta Fernández, exasesora jurídica del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, por un presunto delito de cohecho.

En un auto dictado hoy y al que ha tenido acceso Efe, el magistrado Manuel Abadía señala que esta imputada "fue la funcionaria que Cerdá se llevó a la consejería como asesora jurídica eventual y la que se encargó en junio de 2003 del reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales" del Mar Menor.

Añade que Fernández ingresó en sus cuentas bancarias entre 2002 y 2011 más de 177.000 euros, que considera necesario investigar por si procedieran de fondos recibidos por su actuación "para calificar como urbanizable un paraje natural protegido", donde se proyectaba la urbanización Novo Carthago de viviendas, hoteles y campos de golf que está en el origen de esta causa.

Por otra parte, el juez ha dado un plazo improrrogable de 10 días, con la advertencia de que pueden incurrir en un delito de desobediencia, a los bancos en los que otros cinco imputados en esta causa, entre ellos, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, tienen cuentas abiertas.

Abadía les recuerda que este es el segundo requerimiento que les hace, al no haber atendido el anterior, por lo que les advierte de las consecuencias que puede acarrearles no entregar los datos bancarios que les solicita.

Finalmente, el instructor ha citado también para el próximo jueves a las 18:45 horas a Javier M., empresario de Jerez de la Frontera (Cádiz) en cuya firma trabajó dos años una hija del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo.

La investigación sobre este extremo se debe a que la empresa de consultoría de Javier M. prestó sus servicios a la firma Hansa Urbana, promotora inmobiliaria de Caja Mediterráneo que impulsaba el proyecto.

Este testigo estaba citado para prestar declaración ayer, pero pidió un aplazamiento al alegar que tenía que consultar su documentación y que no había tenido tiempo suficiente para ello.

El magistrado indica que el testimonio de este testigo es "indispensable y absolutamente necesario" para el esclarecimiento del delito que se persigue, la presunta prevaricación cometida en torno al proyecto urbanístico, que implico la modificación de las normas urbanísticas para permitir su desarrollo en terrenos próximos al Mar Menor que gozaban de protección medioambiental.