Las viviendas con paneles fotovoltaicos para el autoabastecimiento de energía eléctrica no tendrán que pagar el canon actual por el uso de la red, lo que permitirá un ahorro de en torno al 50 por ciento en la factura para esos hogares.

El PP aprobará la próxima semana una modificación de la ley regional de Energías Renovables en ese sentido, lo que favorecerá que más personas se decanten por el uso de la energía solar, ha explicado en rueda de prensa el diputado Patricio Gómez.

Según ha señalado, actualmente todos los propietarios de placas solares para el autoabastecimiento eléctrico deben pagar una serie de peajes a las compañías eléctricas si quieren continuar dados de alta para poder acceder al suministro convencional en caso de avería o de otros problemas con las placas solares.

Eso hace que las familias deban abonar una factura de la luz muy similar a la que pagarían si no tuvieran placas para su autoconsumo, por lo que son muy pocos los hogares que utilizan ese sistema.

Para no pagar esos peajes, la única opción es que el hogar esté totalmente dado de baja de la red, lo que produce inconvenientes si el usuario en un momento determinado se queda sin suministro.

La nueva medida permitirá que el usuario pueda estar dado de alta en la compañía eléctrica pero "desconectado" de la red no solo por medios físicos, como actualmente se establece, sino también a través de medios técnicos como interruptores mecánicos o automáticos de corte total.

De esta manera, los usuarios abonarán solo por el contrato mínimo de potencia y por el posible consumo puntual que pudieran hacer en momentos determinados, es decir, el gasto sería similar al de una segunda residencia o una vivienda de uso vacacional.

Los usuarios que opten por el autoconsumo reducirán así su factura en torno a un 50 por ciento, y el coste de la instalación de los paneles solares quedaría amortizado en unos siete años, ha apuntado.

La modificación de esta norma, que se aprobará probablemente el próximo 18 de marzo en el pleno de la Asamblea Regional, permitirá también adaptar la legislación regional a las nuevas directivas europeas con otras medidas de adecuación de los edificios de las administraciones públicas, de renovación del parque de viviendas de baja eficiencia energética y de uso eficiente del transporte público y privado, entre otras.