La patronal que agrupa a las grandes constructoras, Seopan, calcula que liquidar las autopistas de peaje en quiebra (entre las que se encuentra la AP-7, entre Cartagena y Vera) tendría un coste superior a 8.000 millones de euros, e insiste en que lograr que el pago de la deuda se haga a un tipo de interés equivalente al bono del Tesoro es clave para evitar esta opción.

Según ha señalado el presidente de Seopan, Julián Núñez, hay una cierta flexibilidad en incrementar el tipo de interés al que se va a pagar la deuda tras aplicar una quita del 50%, y ha insistido en que esta rentabilidad debe ser la misma para la deuda, ya sea la contraída con los bancos, las constructoras y las concesionarias.

"No hay solución posible si el tipo de interés es del 1%", ha reiterado Núñez, que cree que en función de este escenario la banca española podría comprar la deuda de los bancos extranjeros disidentes.

En el supuesto de que no salga adelante la creación de una sociedad pública que aglutine a las 8 autopistas en quiebra, el Estado tendría que hacer frente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de 4.500 millones según el valor oficial, pero que se eleva a 5.700 millones según las estimaciones de los accionistas de estas autopistas.

A esta cantidad se añadiría además el coste en los tribunales de hasta 2.342 millones.

Con todo ello, liquidar las autopistas supondría un incremento del déficit público de entre 0,45 y 0,57 puntos porcentuales; una inseguridad jurídica y una lesión en la actividad concesional española, ha añadido.

En este sentido, ha añadido que la creación de una sociedad pública supondrá una pérdida para los accionistas de 1.760 millones y la reestructuración de 2.240 millones: una quita del 50% para los bancos (2.000 millones) y para las constructoras (240 millones).

Una opción, que sin embargo, no tendría un impacto en el déficit público ni un coste adicional futuro para el Estado.

En este contexto, el Gobierno sigue trabajando con todas las partes implicadas para buscar una solución que no cueste "un euro" a los contribuyentes y que pasa por sacar adelante la sociedad pública que aglutinará a las 8 concesionarias.

Con respecto al rechazo del convenio presentado en los tribunales para levantar el concurso de acreedores de las autopistas de peaje, los abogados del Estado trabajan en los escritos de subsanación que se van a presentar en los juzgados mercantiles que tramitan la insolvencia de la R-3, R-5 y AP-36.