El juzgado que asumió las competencias tras el magistrado Abadía dice que no tiene tiempo para tomarles declaración
El juzgado de instrucción número 2 de Murcia, que ha asumido el caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística, ha acordado suspender la declaración como imputados de cinco personas, entre ellas, tres familiares del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel.
Este juzgado ha asumido estas diligencias después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región perdiera su competencia con la dimisión del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, el único aforado en la causa.
En un auto notificado hoy a las partes, el juez señala que procede aplazar la declaración como imputados prevista para los próximos 21 y 28 de marzo de Rosario Valcárcel, hija del actual vicepresidente del Parlamento Europeo; de su esposo, Fulgencio Perán, y del cuñado de aquel, Juan Francisco Cruz, así como de los empresarios Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño.
El auto añade que esas declaraciones se tomarán en su momento, ya que debido al volumen de la causa y a la proximidad de los señalamientos que había fijado el anterior instructor, el magistrado Manuel Abadía, no había tiempo para llevarlos a cabo.
El juzgado acuerda también abrir piezas separadas sobre cada uno de los recursos presentados ante Abadía y que están pendientes de resolver.
Según se indica en la resolución, de la apertura de esas piezas separadas se excluyen los recursos presentados por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, diputada en el Congreso, porque, dado su aforamiento, es el Tribunal Supremo el encargado de la investigación sobre su presunta participación en los hechos.
Finalmente, el auto recuerda que el caso Novo Carthago fue abierto en este mismo órgano jurisdiccional en 2009 y que en 2013, a través de una exposición razonada, se elevó al TSJRM al aparecer indicios de criminalidad contra Cerdá.
En estas diligencias se investigan los presuntos delitos de prevaricación y cohecho que se habrían cometido con la recalificación urbanística de terrenos parcialmente protegidos medioambientalmente para hacer posible esta macrourbanización de unas 10.000 viviendas, varios hoteles de lujo y un campo de golf junto al mar Menor.

