El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha anulado la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que impuso una multa de 600 euros y el pago de una indemnización de 24.800 a una comunidad de regantes por incumplir restricciones de agua impuestas en junio de 2009.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso señala que el órgano de cuenca no debió limitarse a publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el plan de riego acordado por la sequía, sino que debió notificarlo directamente a las organizaciones afectadas.

La sentencia, que se remite en su mayor parte a otra dictada en un caso igual en noviembre de 2014, indica que el acuerdo no iba dirigido a una pluralidad indeterminada de personas que hiciera aconsejable y necesaria su publicación en el BORM.

Y añade que los afectados eran personas o entidades "que estaban perfectamente identificadas en la CHS como titulares de aprovechamientos afectados por la reducción".

Para la sala, "existe una duda razonable" sobre la culpabilidad de la comunidad de regantes en la comisión de la infracción por la que fue sancionada, "máxime teniendo en cuenta que, según el plan de riegos, acompañada con la denuncia de la guardería fluvial, que era la que controlaba los contadores, tenía orden de precintarlos en el caso de comprobar la existencia de un exceso de agua utilizada".

El TSJRM anula así el acuerdo sancionador de la CHS, que imputó el pago de la multa y de la indemnización por los daños causados al dominio público por haber consumido más agua de la recogida en el plan de austeridad.

En su recurso, esta organización de regantes expuso, entre otras alegaciones, que cuando se publicó la reducción de la concesión de agua, el nuevo límite de consumo ya se había sobrepasado.