Hay una muy mayoritaria corriente de opinión entre los empresarios de la Región, sustentada en la convicción de que el medio ambiente y la normativa proteccionista que lleva vinculada, suponen un obstáculo permanente al desarrollo de la actividad económica y empresarial de la Región de Murcia.

Y esa percepción empresarial no es gratuita, sino que esta soportada en datos y plazos comparados sobre resolución de cuestiones medioambientales, respecto de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas cercanas. Porque parte de lo que aquí es obligatorio someter a algún tipo de autorización o trámite ambiental; en otras regiones, o bien no hay que someterlo a trámite alguno, o la tramitación es mucho más simple. Y, sobre todo, esta constatado que las mismas autorizaciones que aquí tardan en gestionarse y obtenerse tres años, en otras regiones se resuelven en tres meses.

Y esta corriente de opinión, que se ha convertido en crónica y endémica, genera una no deseable animadversión contra el medio ambiente, que no tiene replica en otras Comunidades Autónomas. Y que no es sino fruto de muchos años de incapacidad e incompetencia de los responsables políticos, para adoptar las medidas legales y dotarse de las estructuras administrativas oportunas, para dar respuesta más ágil –bien sea positiva o negativa– a cientos de empresas que no pueden soportar la espera, ni la incertidumbre e inseguridad jurídica, de si se va a poder regularizar o desarrollar o iniciar su actividad o proyecto empresarial. Con la excepción de muy puntuales proyectos “emblemáticos”, que han tenido la posibilidad de obtener el padrinazgo político, de quien ha podido, en 48 horas, acelerar y resolver trámites, que podrían haberse prolongado por meses e incluso años. Y ejemplos hay de ello.

No ha sido muy diferente la gestión de la planificación de los espacios naturales de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia, en los últimos dos años y medio. Las polémicas y discusiones generadas y la larga decena de miles de alegaciones provocadas, con el primero de los 14 planes de gestión o API (Áreas de Planificación Integrada) a tramitar y resolver –el del Noroeste, publicado en el BORM el pasado 14 de mayo, tras dos años y medio de una tramitación, para muchos, irregular–; no tienen parangón ni equivalencia, ni de lejos, con la percepción que tienen en otras Comunidades Autónomas, con la aplicación de exactamente la misma normativa europea y estatal. ¿Por qué en Madrid hay varios núcleos urbanos de conocidas localidades que están situados dentro de LIC y en Murcia se pretenden restringir y prohibir actividades tradicionales del interior –e incluso del exterior–  de los espacios protegidos y de otras figuras vinculadas a la Red Natura 2000, mientras que en otras regiones no se les ocurre ni modificar ni restringir –ni mucho menos declarar incompatible–, ninguna de las actividades y usos tradiciones que se producen en el “interior” de los espacios protegidos?. Y muchísimo menos –como aquí se pretende– condicionar la actividad empresarial y usos tradicionales en las zonas de influencia o conectividad exterior de los espacios protegidos. Y además pretenden aplicar limitaciones, sin ninguna compensación ni contraprestación. Porque las ofrecidas para el Plan del Noroeste se han quedado en simples promesas incumplidas.

Según se ha divulgado en algunos medios de comunicación, el Gobierno Regional y el sector empresarial alcanzaron un principio de acuerdo, tanto sobre el Plan del Noroeste, como sobre unas Directrices de aplicación para las otras 13 API (Áreas de Planificación Integrada) restantes. Pero, como algunos pocos conocen, ni los representantes de las organizaciones empresariales y agrarias que salían en la “foto” del acto de presentación de las directrices sobre los planes de los espacios naturales tenían, mandato ni legitimidad alguna, para suscribir acuerdo alguno, en nombre de todo el colectivo empresarial implicado. Ni esos supuestos acuerdos se han materializado, ni siquiera en el texto del Plan del Noroeste, publicado casi un mes después. Como tampoco se han trasladado esos acuerdos a la tramitación e información pública de los borradores de otras API (Mar Menor y Litoral, Río Mula y Pliego, etc.) que han repetido la orientación e irregularidades del Plan del Noroeste. Y que ignoran que, la nueva Ley Regional del Suelo –vigente desde el pasado 6 de mayo–, modifica sustancialmente el régimen de prevalencia entre la normativa medioambiental y de los espacios naturales, cuando no sea concordante con la normativa urbanística o de ordenación del territorio.

Si el supuesto acuerdo y “foto” del pasado 17 de abril en San Esteban, fue real y vinculante, o solamente un paripé preelectoral, con unos actores que se prestaron a el, para dar por finalizado un desacuerdo sobre los espacios naturales protegidos de la Región; se va a poder comprobar en las próximas semanas. Si el supuestamente consensuado Plan de gestión del Noroeste fuese cuestionado en los Tribunales a través de un contencioso administrativo, que podrían presentar próximamente diversas entidades y colectivos, incluidas varias entidades asociadas a CROEM. Y si el supuestamente consensuado API del Mar Menor y el Litoral, es contestado, por motivos de fondo y de forma, por varias organizaciones empresariales (como COEC y FAPEN) y puede que rechazado por numerosas alegaciones individuales de afectados; el supuesto pacto quedará en papel mojado. Pero, además de lo anterior, ese supuesto acuerdo y “foto” preelectoral, de posible consenso sobre el Plan del Noroeste y sobre las Directrices para redactar los planes de gestión de los espacios protegidos, puede quedar como un simple brindis al sol de San Esteban, por diversas cuestiones ocurridas en el pasado mes y medio.

El Plan de gestión del Noroeste no incluía las modificaciones pactadas. Las directrices previstas como Decreto, se quedaban en una simple orden, que difícilmente puede ser invocada frente al rango de Decreto de las API; también salían a exposición pública nuevas API (la nº 2 del Mar Menor y el Litoral) sin incluir las modificaciones contenidas en las directrices, e ignorando que la nueva Ley Regional del Suelo ha derogado la antigua disposición que concedía prevalencia a la normativa medioambiental de los planes de los espacios naturales. Sin contar con que ha quedado en evidencia y constatado que la Ley Estatal 42/2007 no da amparo a la prevalencia de la normativa ambiental de los planes de gestión sobre la urbanística. Y que el mantra y el chantaje de que “había que aprobar de inmediato los planes de gestión porque nos iban a retirar las ayudas europeas”, y de que había que incluir las ZEPA en los planes de gestión además de los LIC/ZEC; no tenían soporte alguno, o eran una mentira a medias, según versión directa recogida de boca de los máximos responsables estatales de la Red Natura 2000, tan solo unos días después del supuesto acuerdo.

En los próximos meses vamos a conocer si el pacto de San Esteban de 17 de abril se cumple –aunque sea en el nivel de mínimos consensuado–, así como si alguno de los actores protagonistas y secundarios de aquel guión propio del “teatro” preelectoral, continúan en su papel. O si los nuevos responsables políticos regionales, son capaces, de una vez por todas, de alcanzar el reto de que los empresarios –y el conjunto de los ciudadanos– nos impliquemos y percibamos que somos cogestores y coparticipes de nuestros maravillosos recursos naturales. Y de que hay que compensar a los propietarios privados, que ponen a disposición del conjunto de la sociedad parte de los usos de sus fincas. Y de que el medio ambiente no es –no puede ser– un obstáculo, sino todo lo contrario, para alcanzar un desarrollo social, económico y medioambientalmente sostenible.

Y de que decenas –quizás varios centenares– de empresas y empresarios de esta Región, están dando testimonio, con hechos y resultados, que ese desarrollo sostenible y equilibrado, es posible.