La anterior concesionaria de la televisión autonómica pide al PSOE, a Podemos y a Ciudadanos que organicen una comisión de investigación
![[Img #35763]](upload/img/periodico/img_35763.jpg)
La empresa de televisión GTM ha denunciado que La 7 TV, televisión autonómica de la Región de Murcia gestionada por el grupo Secuoya, ocupa ilegalmente el edificio de Thader TV, en Molina de Segura, y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia medidas cautelares que incluyen la suspensión del contrato entre Secuoya y la CARM, según afirma la compañía en un comunicado.
La empresa liderada por Antxo Quintanilla considera que "no es posible legalmente ejecutar el contrato en las actuales condiciones en las que la adjudicataria carece de título jurídico para ocupar ese inmueble". Por este motivo, han pedido mediante un escrito a la Comunidad Autónoma que rompa el contrato con Secuoya por incumplimiento del mismo en el capítulo de instalaciones.
Según denuncia GTM, Secuoya acordó un contrato de alquiler del edificio con el administrador concursal de Thader TV (televisión comarcal de la Vega Baja que se encuentra en fase de liquidación), y en una de dichas cláusulas de dicho acuerdo se especificaba que la entrada en vigor del mismo dependía de la aprobación de la titular del juzgado de lo Mercantil número 1, María Dolores de las Heras. Ésta, sin embargo, no dio el visto bueno al mismo y lo dejó sin validez, pues su intención no era alquilarlo, sino sacarlo a la venta al mejor postor.
De hecho, al parecer, en la actualidad hay dos ofertas: una de otro grupo de televisión de la Región de Murcia que pretende trasladar allí sus instalaciones, y otra de un constructor de Molina de Segura. La primera de ellas es de unos 600.000 €, y la segunda por algo menos de 500.000 €.
Uno de estos aspirantes al inmueble, de hecho, se han dirigido a la juez para pedirle que se haga cargo de la situación y e incluso desaloje a la televisión autonómica "con la Guardia Civil si es necesario".
Presión política
GTM también ha decidido trasladar toda documentación a los líderes de los políticos Miguel Sánchez (Ciudadanos), Rafael González Tovar (PSOE) y Oscar Urralburu (Podemos) con la finalidad de que estudien si es necesaria una comisión de investigación "que vele por los intereses públicos".

