Comunidad Autónoma, patronal y sindicatos firmaron hoy en San Esteban el llamado Acuerdo Marco para el Crecimiento Económico y la Creación de Empleo, un documento que pretende recuperar la ‘paz’ social y declarar “la guerra al desempleo’, en palabras del secretario general de CC OO, Daniel Bueno.

El acuerdo establece el inicio de reformas estructurales basadas en el diálogo y la “colaboración leal y responsable de la función pública y de la economía real”, según afirmó el presidente Valcárcel. En este acuerdo, “el empleo es el eje transversal en torno al cual pivotan las prioridades y los proyectos que se desarrollen en el marco de la política regional”. “Es el principio del camino, de un camino esperanzador”, dijo Valcárcel, quien añadió que se ha trazado la hoja de ruta para ofrecer lo que conviene al interés general de los murcianos, pensando en lo más importante, en lo prioritario, que es la creación de puestos de trabajo.  

Este proyecto de concertación social contempla también como uno de sus objetivos potenciar la cultura del esfuerzo, el compromiso y la suma de voluntades, como puntos de partida desde los que impulsar la competitividad del tejido productivo y el progreso social.

Estos principios quedan plasmados en el texto en cinco puntos concretos: Nueva Ley de la Función Pública, Plan de Actuación sobre la Economía Irregular, revisión y adaptación del Plan Estratégico 2007-2013, un plan específico en el ámbito de las pymes y la modernización de la Administración.

Plan de Actuación sobre Economía Irregular
Así, durante la negociación en el ámbito de la Mesa General de Función Pública se elaborará una nueva Ley de Función Pública Regional que contemple el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otro lado, la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Promoción del Empleo elaborará un Plan de Actuación sobre Economía Irregular en el que se establezca una pauta de actuación decidida que impulse la detección y control de estas prácticas. Para alcanzar dicho objetivo resulta básica la coordinación entre las administraciones y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como el concurso del conjunto de entidades económicas y sociales de la Región, y será reforzado por los mecanismos de inspección.

En este sentido, el presidente de la Comunidad y los agentes sociales insistieron en la “necesidad" de acabar con la economía sumergida porque, subrayó Valcárcel, “se está cometiendo un fraude que se traduce en un dinero que no está a disposición del desarrollo económico y del mantenimiento de los servicios básicos a los ciudadanos”.

El tercer acuerdo consiste en promover la revisión de las prioridades y una adaptación a la situación económica y presupuestaria actual del Plan Estratégico, del Pacto por la Promoción del Empleo, del Plan del Sistema Integrado de Formación Profesional y del Plan Industrial.

En cuarto lugar, se considera muy importante actuar en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, ya que el apoyo al tejido productivo tradicional se asienta de forma mayoritaria sobre las pymes. En este sentido, se elaborará un plan específico en el ámbito de las pymes con nuevos yacimientos de empleo y nichos de mercado; además de herramientas de financiación para inversiones que generen empleo, fomento del comercio tradicional, promoción de la internacionalización, impulso de la innovación, de la transferencia de conocimientos al mundo empresarial y de las relaciones universidad-empresa y estímulo del carácter emprendedor.

El anterior objetivo lleva aparejado el requerimiento de una mayor modernización de la Administración y una simplificación más intensa de los procedimientos de comunicación entre ciudadanos y empresas con la Administración regional, que será plasmado en un Proyecto de Ley sobre Simplificación Administrativa.

Por último, con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento, se establece la celebración de un mínimo de dos reuniones anuales entre las partes intervinientes en este Pacto Social.