Este año de dos mil quince, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia cumple treinta y tres años de vida desde que fuera sancionado por el Rey Juan Carlos I un 9 de junio de 1982. Aquel año, del que ya hemos hablado en otro momento en estas mismas páginas, y que tanto supuso para España entre otras cosas porque se celebró el Mundial de Futbol con lo que ello supuso para este país. Pues bien, ese mismo año se aprobó nuestro Estatuto de Autonomía. Aunque es cierto, hay que reconocerlo, que Murcia nunca tuvo un carácter regionalista-nacionalista marcado y que aquello de la autonomía nos pilló con el paso cambiado. Los padres de nuestra autonomía bien podían haber reivindicado los viejos territorios del Reino de Murcia, con más derecho histórico que muchas otras comunidades, pero como siempre esta Región se conformó con lo que había y no pidió nunca entrar por ninguna otra puerta al recién creado “estado de las autonomías” que tras la Constitución del 78 empezó a tomar carta de naturaleza en este país. Promulgado el Real Decreto-ley de 29 de septiembre de 1977, por el que se restableció la Generalitat de Cataluña y hasta la aprobación de la Constitución en 1978, este modelo preautonómico se extiende a prácticamente la totalidad de los territorios españoles, entre ellos a Murcia.

El nacionalismo, como ya hemos dicho, nunca prendió en Murcia con la fuerza que en otras provincias de España. Fenicia, visigoda romana, árabe, castellana, mezcla de culturas pueblos y razas nuestra Región está marcada por una serie de circunstancias que le dan carácter diferenciador y marcado. Además de ser, no lo olvidemos, secular tierra de frontera entre los distintos reinos. Identidad propia, por tanto, escasa o nula. Una región de huertas fértiles y amenazadoras sequías, de pequeños latifundios y explotaciones agrarias precarias, la mayor de las veces, donde el huertano o el campesino se limitaban a pagar “el rento” en estas calendas de junio y el resto del año bastante tenían con subsistir luchando contra una climatología adversa en la mayoría de los casos. La autonomía no ha sido una prioridad histórica, jamás, para los habitantes de esta región con cierto sentimiento de marginación respecto al resto del país. O también, todo hay que decirlo, un país que en la mayoría de los casos jamás se ocupó de Murcia como a sus hijos nos hubiera gustado. Nos ha costado mucho, quizá demasiado, apearnos de la imagen de “tío con boina” que en el resto de España tenían de nosotros. Nos costó mucho salir de ese estado pueblerino y atrasado con el que se nos veía por el resto de comunidades. Pero había que poner sobre la mesa el hecho diferenciador para contemplar, la Región de Murcia, como una más de la España autonómica. Esta consideración fue, junto a unas raíces comunes delimitadoras y una economía homogénea basada en la agricultura, motivo de peso para defender la autonomía política. Un modelo, por otro lado, consecuencia directa de la aprobación de la Constitución de 1978.

Veamos cómo fueron los primeros pasos de aquella aventura autonómica. El 29 de enero de 1978 se produjo una reunión entre políticos de UCD y del PSOE en el hotel Conde de Floridablanca de Murcia, en la que se alcanzó un pacto bautizado con el nombre del establecimiento: “El pacto del Floridablanca” en el que se plantan las bases para crear la Asamblea de Parlamentarios. Uno de los puntos más polémicos surgió de la ancestral rivalidad entre Cartagena y Murcia, y no por trasladar fielmente la pugna popular, sino porque el Partido Cantonal en auge en aquellos momentos se cerró en banda al acuerdo. La romana Cartago Nova, argumentaron con toda la razón los cantonalistas, fue un importante centro económico y político del mediterráneo occidental en los siglos III y II a. de C., además de capital de Spania. Reivindicaron los tres mil años de historia de Qart Hadasht frente a los de la capital provincial. Quienes defendieron sus derechos, los de Cartagena, como capital de la comunidad autónoma alegaban el nacimiento posterior de Murcia como original campamento de jaimas fundado por el emir árabe de Córdoba Abd-Al-Rahman II, allá por el año 825. Cartagena, por tanto, tenía dos mil años de vida ya cuando Murcia se fundó. La pugna se zanjó con la especial con la inclusión del siguiente párrafo: “significación de Cartagena como justo reconocimiento a su fundamento histórico, su entidad socio-económica y su singularidad marítima” en el Real Decreto-ley 30/1978, que establece el régimen preautonómico.

Con todos, más o menos contentos, se creó el Consejo Regional de Murcia como órgano de gobierno, el 10 de noviembre de 1978, con carácter provisional. La división comarcal y la contaminación del río Segura fueron de los primeros asuntos que se trataron, así como la constitución de Cartagena en provincia independiente. Apuntaban los cantonalistas que, puesto que se iba a realizar un “nuevo mapa de España” era el momento de dividir a la provincia de Murcia en dos mitades y que así naciera la vieja aspiración de la provincia de Cartagena. Esta propuesta fue rechazada tras no pocas deliberaciones y enfrentamientos. En 1980 se crea una comisión para redactar el anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que tras enviarlo a las Cortes, en marzo de 1981, se aprueba en Ley Orgánica el 9 de junio de 1982.

El art. 3 del Real Decreto-Ley de Preautonomía definía el Consejo Regional de Murcia como el órgano de gobierno y administración de la Región, atribuyéndole "personalidad jurídica plena para la realización de los fines que se le encomiendan”.

En un primer momento, estaba previsto que durante la etapa preautonómica coexistieran en Murcia tres órganos distintos: uno provincial (la Diputación) y dos regionales (el Consejo y la Asamblea). Los dos primeros, Diputación Provincial y Consejo Regional, convivieron durante algún tiempo, hasta que finalmente los miembros de aquélla se integraron en el Consejo. Por su parte, la Asamblea Regional, que debía ser la encargada de la redacción del Estatuto de Autonomía, no llegó ni a regularse en el Real Decreto, por lo que su misión ‘estatuyente’ acabó atribuyéndose también al Consejo Regional. En cuanto a su composición, inicialmente estuvo formado por 25 miembros (12 parlamentarios, 12 representantes del territorio y 1 de la Diputación), pero tras las primeras elecciones municipales, este número, aumentó hasta 39 miembros (12 parlamentarios y 27 diputados provinciales, es decir, el Pleno de la Diputación, pero elegidos democráticamente).

El acto de constitución tuvo lugar el 24 de noviembre de 1978 en la capital murciana. A él asistieron los presidentes ya nombrados de otras preautonomías, como Josep Tarradellas (Generalitat de Catalunya), Juan Antonio Bolea Foradada (Diputación General de Aragón), Alfonso Soriano y Benítez de Lugo (Junta de Canarias), Josep Lluís Albiñana Olmos (Consell del País Valencià), Jeroni Alberdi Picornell (Consejo Interinsular de Baleares), Luis Ramallo García (Junta Regional de Extremadura) y Juan Manuel Reol Tejada (Consejo Regional de Castilla y León). Eran, estos, los primeros padres de la España de las autonomías. Los encargados de realizar ese nuevo mapa de los territorios de nuestro país.

Hoy, treinta y tres años después, pocos recuerdan los nombres de aquellos políticos que tuvieron el honor y gran misión de llevar el timón de esa nueva España que nacía tras cuarenta años interminables de dictadura.