En la actualidad según el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y otros organismos internacionales, suman algo más de 1.500 las experiencias a nivel mundial de democracia participativa. Entre ellas se dan semejanzas y diferencias, tanto desde el punto de vista cualitativo –calidad de la participación entendida ésta como influencia directa de los ciudadanos en los procesos-, desde el punto de vista cuantitativo –número de personas implicadas-, o el histórico –tiempo desde la puesta en marcha del proceso, así como su continuidad-, desde el concepto de la transversalidad –sectorialización o generalización de la participación-, y también en función de los niveles de decisión que son sometidos al proceso participativo.

Sin embargo, recogiendo las aportaciones de investigadores como Yves Cabannes ó Tomás R. Villasante, a nivel mundial hay dos características comunes a todos los procesos de participación ciudadana que merece la pena recoger: el predominio abrumador de las experiencias participativas a nivel local –Ayuntamientos, entidades locales-, y la existencia de unas normas que lo regulan, es decir, su Reglamentación.

En España, en los últimos meses, y a raíz de lo proclamado por las distintas opciones políticas que han concurrido a las recientes elecciones del 24 de mayo, parece que definitivamente se despierta el interés por la participación ciudadana y los presupuestos participativos. Esto nos puede llevar –oidos algunos mensajes políticos-, al intento de traslación de modelos y a la reproducción de experiencias participativas más avanzadas y arraigadas en sus respectivos ámbitos.

Sin perjuicio de la necesidad de documentarse y de contar con el asesoramiento de personas con experiencia en democracia participativa, entendemos como un error garrafal la implantación ortopédica de procesos de participación ciudadana, ya que son precisamente las características de la “demanda” social las que van ser determinantes, junto al liderazgo político, del éxito del proceso.

Es por esto por lo que siguiendo lo recogido en el magnífico trabajo de Clara Pérez González, -Análisis de la Participación Ciudadana en España-, y también las aportaciones de Ernesto Ganuza -La Participación Ciudadana en el Ámbito Local Europeo-, y Jordi Borja –La Gestión de las Ciudades en la Era de la Información-, reseñaremos a continuación los cambios respecto a la participación ciudadana que se han producido en los últimos tiempos en el ámbito local español.

Partimos de la base de que el gobierno local ostenta una serie de características que lo hacen adecuado para fomentar las iniciativas de participación ciudadanas entre las que destacamos:

- La identificación de los mandatarios políticos con los intereses de los vecinos.
- El sentimiento identitario de comunidad de los propios vecinos.
- La capacidad que los ciudadanos reconocen a la Corporación para atender y priorizar sus necesidades  y demandas.
- La posibilidad de que el Ayuntamiento cree espacios para incluir a sus habitantes en la toma de decisiones públicas y en la discusión de los asuntos que afecten a todo el municipio.

En definitiva, la administración local es la institución que cuenta con las características necesarias para convertirse en la más receptiva. De esta manera, son los gobiernos locales los que pueden conseguir cumplir con los fines perseguidos por la participación:

1.    Proporcionar información y oportunidades a los ciudadanos para estar mejor informados y aumentar su comprensión de las políticas y sus prioridades.
2.    Escuchar y aprender de las opiniones de los ciudadanos.
3.    Definir los problemas y debatir las soluciones con los ciudadanos.
4.    Incluir a los ciudadanos en la adopción de decisiones vinculantes para la comunidad vecinal.

En lo que respecta a las vías que sigue la participación ciudadana, observamos fundamentalmente dos clases. Una de ellas se da a través del nivel de participación y la segunda a través de los objetivos y características de la formalización de la participación. En cuanto a la clasificación de los grados de participación podemos encontrar los siguientes niveles:

1º Información. En este nivel se recoge todo tipo de información, tanto ascendente (de ciudadanos a autoridad) como descendente (de autoridad a ciudadanos). En este grado encontramos la recogida de demandas y quejas, la explicación presencial de las políticas municipales, la evaluación de los servicios por parte de los usuarios, etc.

2º Consulta. En este nivel se consulta a los ciudadanos su opinión con el objetivo de mejorar las decisiones tomando en cuenta las ideas críticas y propuestas de estos. Esta consulta puede hacerse a través de diferentes instrumentos: encuestas de opinión, encuestas de satisfacción, estudios de impacto, reuniones públicas, referendo, conferencias de consenso, consultas directas a través de internet, etc.

3º Concertación.  En este nivel se considera a los ciudadanos como expertos e intervienen permanentemente en grupos o asociaciones en los procedimientos administrativos o en la formulación de las políticas públicas locales.

4º Adopción de decisiones. Se adoptan decisiones conjuntamente con las autoridades o en lugar de éstas. Se podría denominar la auténtica participación, ya que implica compartir el poder con los políticos locales convirtiéndose en una co-decisión entre los habitantes y sus representantes. Entre estos mecanismos podemos destacar: el referéndum decisorio, la creación de comisiones de usuarios de los servicios públicos, la cogestión y gestión directa o el  presupuesto participativo.

Por otro lado en cuanto a las características, objetivos y grado de formalización se pueden distinguir:

- Métodos tradicionales: son aquellos instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico como por ejemplo la información pública o la consulta a interesados. Estos métodos son poco activos ya que el ciudadano participa en la adopción de decisiones cuando ya está todo decidido y las posibles modificaciones que pueda incorporar son mínimas o ni tan sólo tomadas en cuenta.

- Métodos del ciudadano-cliente: estos mecanismos consideran al ciudadano como cliente de la prestación del servicio público. Ejemplo  de ello lo podemos encontrar en las Cartas de Servicio donde se procura conocer la opinión del receptor del servicio para prestarlo de la mejor forma posible.

- Métodos de democracia directa: estos mecanismos intentan incorporar a todos los grupos de la sociedad en la democracia directa a través, de, por ejemplo la elaboración de los presupuestos locales.

- Métodos de foros o consejos: estos  mecanismos permiten llevar a cabo reuniones que agrupan un conjunto de ciudadanos en función de criterios territoriales o de intereses comunes.

- Métodos de innovaciones deliberativas: estos mecanismos permiten promover la discusión y la reflexión ciudadana sobre temas que afectan al municipio a través de un proceso deliberativo: es el caso por ejemplo de los jurados ciudadanos.

Así, pues, será cada comunidad local la que habrá de diseñar su propio proceso participativo, reglamentarlo e implicar al mayor número posible de vecinos y entidades. Finalmente, cabe destacar la cada vez más importante presencia en los procesos participativos de la participación ciudadana a través de internet, APP para smartphones, y otros recursos de las TIC,s.

@MAngelrtorres