La obligación de guardar documentos afecta también a las sociedades en quiebra y ya cerradas
La empresa murciana de custodia y destrucción de documentos DPD (Destrucción y Protección de Datos SL) ha lanzado un nuevo servicio dirigido a empresas en liquidación. Esta empresa con sede en el polígono Base 2000 ofrece la posibilidad de custodiar y digitalizar la documentación de las sociedades ya liquidadas y sin posibilidad o sin suficientes garantías de guardarla en su sede social.
La legislación obliga a todas las personas (físicas o jurídicas) a conservar la documentación durante al menos cinco años, en realidad seis ejercicios. Y en el caso de las sociedades en concurso de acreedores, este plazo puede ser mayor en tanto se resuelve el concurso. En el caso de que la empresa no supere la suspensión de pagos y se solicite o se ordene su liquidación, la custodia de los documentos es un problema añadido a la de por sí complicada situación económica.
La empresa que dirige Juan Manuel Herranz dispone en sus instalaciones de sistemas de seguridad que garantizan que tanto el archivo como la destrucción de documentos, que se realizan siguiendo estándares de calidad y buenas prácticas.
Es la única empresa del Levante español certificada según las normas UNE, y DPD no se limita a la destrucción de datos en papel; también discos duros, cintas DLT, teléfonos móviles, CDs, ordenadores portátiles y cualquier otro tipo de soporte pasan por los sistemas de destrucción de Dpd una vez retirados o custodiados. Asimismo está especializada en la digitalización de archivos. Esta empresa fue pionera en ofrecer estos servicios en la Región.
DPD, que custodia entre otros los informes médicos de los principales hospitales de la Región, también coloca contenedores de papel confidencial en los centros de trabajo y realiza en exclusiva el transporte de los mismos hasta su sede en el polígono, donde el proceso de destrucción puede ser seguido por el cliente mientras se graba el proceso garantizando así su cumplimiento.
La Ley establece que los documentos tienen unos plazos para ser destruidos en función del ámbito del que se trate: fiscal, civil, sanitario… Trascurrido ese plazo, es la ley la que determina que la empresa o entidad debe deshacerse de ellos de una forma segura y es ahí donde entran en juego estas empresas. Su función es cumplir con la normativa dejando reducidos los documentos a partículas minúscula de un tamaño determinado recogido en las normas que certifican la calidad, en este caso la ISO 28001:2007 de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Más información en el teléfono 900 288 488.







