El Consejo Económico y Social (CES) cree que la ley de Desindexación de la economía española no está orientada a favorecer la actividad empresarial sino que, por el contrario, "puede ralentizar, e incluso, paralizar importantes proyectos de inversión a medio y largo plazo".

Según el dictamen del CES que hoy ha difundido en un comunicado y que ha sido aprobado por unanimidad, la ley no aborda de forma adecuada la política de desindexación, ya que justifica su desarrollo en una evolución de los precios en España "que no responde a la situación reciente, en la que los precios están registrando tasas más reducidas, incluso negativas".

Llama la atención sobre el hecho de que el ministerio de Economía someta a dictamen el reglamento de Desindexación y no la ley que desarrolla, y por la que se eliminan las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público.

Esta crítica al reglamento ha obtenido el respaldo del conjunto del Pleno del CES, que también ha lamentado la "indeterminación" en la definición de los índices de referencia para calcular la evolución futura de los precios, al posibilitar al órgano de contratación establecer en cada caso una fórmula de cálculo distinta.

Asegura que esto puede resultar decisivo para el desarrollo de la inversión y condicionar la participación de los fondos que invierten en las licitaciones a largo plazo, generando importantes dificultades en el acceso a la financiación.

El CES considera que el nuevo modelo no está orientado a favorecer los contratos de obras públicas.

Afirma que mientras la Ley excluye expresamente su aplicación a la negociación de los convenios colectivos, el reglamento establece como referencia del posible incremento de los costes de mano de obra la retribución del personal al servicio del sector público.

Para el CES no resultan equiparables los costes de mano de obra en el sector privado y en el sector público, cuando su regulación y procedimientos de determinación son completamente independientes.

Por otra parte, el CES también cree que el reglamento se ha extralimitado respecto a la ley al imponer que la revisión no podrá tener lugar transcurrido e período de recuperación de la inversión del contrato y afirma que "carece de sentido", ya que el periodo de recuperación hace referencia a los costes de amortización, que no están sujetos a variación y que no son objeto de tratamiento en el proyecto del Real Decreto.