El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia está investigando una estafa bancaria de 10,4 millones de euros y cometida, presuntamente, por el director de una oficina del Banco Santander y el gerente de Atasa, según informa este viernes el periódico La Opinión.
La denuncia contra ambos la interpuso el Banco Santander en la Comisaría de Policía Nacional hace más de un año. El juzgado la admitió a trámite y actualmente la causa está en fase de instrucción. Esta semana, el caso ha tomado un impulso con la comparecencia del auditor del banco y, próximamente, será el ex director imputado quien acuda a los juzgados a prestar declaración.
El periódico informa de que los hechos se produjeron a finales de 2009. Según los datos de la denuncia, el gerente de Atasa, dedicada a la fabricación y venta de maquinaria agrícola, contrató un sistema de gestión de cobro de recibos en la oficina de Empresas de Banco Santander del Polígono Oeste. Así, el Santander tramitaba los recibos que recibía el empresario como pago de sus acreedores. Pero, con este tipo de producto, la entidad bancaria no asumía ningún riesgo. Poco tiempo después de que el empresario contratara esta asistencia, el tipo de servicio que el banco le prestaba cambió. De gestionarle los cobros, pasó a anticipárselos. El empresario entregaba a la sucursal un recibo de un acreedor para que le anticiparan el cobro del mismo. El director de la oficina y la subdirectora daban luz verde al pago de estos recibos. De esta forma, el empresario obtenía el dinero y la sucursal recibía una comisión que siempre reciben las oficinas como tasa por adelantar el dinero.
Pasados los meses, la empresa que supuestamente había emitido el recibo como garantía de pago al empresario murciano, no abonaba el importe, y el Santander recibía el aviso de que le adeudaban el dinero, pero el empresario murciano ya tenía en su poder la cantidad. Según las fuentes, la empresa que debía pagar el dinero no aparecía, presuntamente porque los recibos emitidos eran falsificados, según relata La Opinión.
El juzgado que instruye el caso está tomando declaración a los auditores e interventores relacionados con la entidad bancaria perjudicada y con la empresa sobre la que recae la imputación.
La denuncia contra ambos la interpuso el Banco Santander en la Comisaría de Policía Nacional hace más de un año. El juzgado la admitió a trámite y actualmente la causa está en fase de instrucción. Esta semana, el caso ha tomado un impulso con la comparecencia del auditor del banco y, próximamente, será el ex director imputado quien acuda a los juzgados a prestar declaración.
El periódico informa de que los hechos se produjeron a finales de 2009. Según los datos de la denuncia, el gerente de Atasa, dedicada a la fabricación y venta de maquinaria agrícola, contrató un sistema de gestión de cobro de recibos en la oficina de Empresas de Banco Santander del Polígono Oeste. Así, el Santander tramitaba los recibos que recibía el empresario como pago de sus acreedores. Pero, con este tipo de producto, la entidad bancaria no asumía ningún riesgo. Poco tiempo después de que el empresario contratara esta asistencia, el tipo de servicio que el banco le prestaba cambió. De gestionarle los cobros, pasó a anticipárselos. El empresario entregaba a la sucursal un recibo de un acreedor para que le anticiparan el cobro del mismo. El director de la oficina y la subdirectora daban luz verde al pago de estos recibos. De esta forma, el empresario obtenía el dinero y la sucursal recibía una comisión que siempre reciben las oficinas como tasa por adelantar el dinero.
Pasados los meses, la empresa que supuestamente había emitido el recibo como garantía de pago al empresario murciano, no abonaba el importe, y el Santander recibía el aviso de que le adeudaban el dinero, pero el empresario murciano ya tenía en su poder la cantidad. Según las fuentes, la empresa que debía pagar el dinero no aparecía, presuntamente porque los recibos emitidos eran falsificados, según relata La Opinión.
El juzgado que instruye el caso está tomando declaración a los auditores e interventores relacionados con la entidad bancaria perjudicada y con la empresa sobre la que recae la imputación.
