Los accionistas de la planta Elcogas de Puertollano (Ciudad Real) han decidido iniciar los trámites para el cese de actividad tras un año de espera de una solución que garantizara su viabilidad, lo que ha motivado el anuncio de un calendario de movilizaciones por parte de los trabajadores.

Cinco días después de que el Ministerio de Industria autorizara el cierre de la central termoeléctrica, en la que trabajan unos 250 personas, el Consejo de Administración ha decidido continuar con el proceso, que arroja unas pérdidas desde el inicio de su actividad que superan los 200 millones de euros.

En un comunicado, Elcogas ha defendido "los esfuerzos realizados" para asegurar la viabilidad económica de la planta, lo que pasa -han señalado- por contar con un cambio regulatorio apropiado, que no se ha producido.

La empresa ha explicado que, en línea con la decisión adoptada, la Dirección de Elcogas acometerá la reducción de la contratación de servicios auxiliares externos y procederá a interrumpir los contratos de suministros de materias primas y servicios, sobre la base de las condiciones contractuales de los mismos.

Este hecho permitirá mantener la operación de la planta en agosto "de acuerdo con sus recursos actuales", ha señalado Elcogas y ha apuntado la celebración de una Junta General Extraordinaria, "cuya fecha se determinará en su momento".

La decisión del cierre ha motivado la reacción de los principales partidos políticos de Castilla-La Mancha, de la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández (PSOE), y del Gobierno regional, cuyo presidente, Emiliano García-Page, se reunirá previsiblemente el próximo domingo 16 de agosto con el Comité de Empresa de Elcogas.

Además, los trabajadores de la planta se han concentrado hoy a las puertas de la factoría al término de una asamblea en la que han acordado movilizaciones contra la decisión del Consejo de Administración de cesar la actividad.

A partir del próximo lunes, los trabajadores se concentrarán todos los días durante media hora en las inmediaciones de la planta termoeléctrica y protagonizarán otras protestas como cortes de carreteras.

A partir de septiembre, podrían sumarse jornadas de huelga y una "gran manifestación".

Fuentes del Ejecutivo castellanomanchego han avanzado a Efe que la Junta promoverá enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 para establecer un nueva normativa que garantice la continuidad de la planta termoeléctrica de Elcogas.

"El Gobierno regional no va a tirar la toalla", han afirmado las mismas fuentes, que se han mostrado convencidas de que "Elcogas sigue teniendo futuro", que pasa por un marco regulatorio "que no se ha querido cambiar".

Por su parte, el eurodiputado castellanomanchego del PSOE Sergio Gutiérrez ha desvelado la respuesta escrita del pasado 22 de julio del comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la que respalda la actividad que realiza Elcogas, aunque no se pronuncia sobre su posible cierre.

"Es una contradicción que el ministro del PP, José Manuel Soria, anuncie el cierre de Elcogas cuando Cañete dice que se van a incrementar los fondos europeos", ha denunciado Gutiérrez, quien ha opinado que la decisión de autorizar el cierre ha sido "arbitraria" y "política".

El PP de Castilla-La Mancha, por su parte, ha expresado su deseo de que "no sea definitiva" la decisión del Consejo de Administración de Elcogas y ha reclamado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que tome medidas para buscar una solución que garantice la viabilidad de la empresa.

"Mientras Cospedal ha gobernado, Elcogas no ha cerrado", ha subrayado en rueda de prensa el portavoz adjunto del PP en las Cortes castellanomanchegas, Carlos Velázquez, quien ha manifestado que "el Gobierno va a encontrar en el PP siempre la mano tendida para intentar llegar a acuerdos que incidan en el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".

La alcaldesa de Puertollano ha apostado en declaraciones a Efe por "seguir trabajando" para que el Ministerio de Industria cambie la regulación que afecta a Elcogas.

Fernández ha recordado que hay un plazo de tres meses para revocar la decisión y ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, "debe valorar que Elcogas es una central única y a la que se debe aplicar regulaciones similares a la que se ha dado a Mieres, en Asturias".