La ley aprobada hoy fija la cuota por contingencias comunes en 50 euros durante seis meses; amplía el incentivo a los autónomos que inicien una actividad por cuenta propia y posteriormente contraten a trabajadores; y extiende los supuestos de la Tarifa Plana Especialmente Protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

Tanto en el caso de personas con discapacidad como en el de las víctimas del terrorismo y la violencia de género, la reducción de cotización se amplía a doce meses.

La norma extiende, como independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de capitalizar hasta el cien por cien de la prestación por desempleo para facilitar la inversión y los gastos iniciales de una actividad por cuenta propia.

Se podrá capitalizar el cien por cien de la prestación en un único pago, capitalizar sólo una parte y utilizar el resto para abonar las cuotas a la Seguridad Social o dedicar todo a pagar las cuotas sociales.

Por otro lado, los mayores de treinta años podrán compatibilizar durante un máximo de 270 días la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), opción reservada hasta ahora para menores de esa edad.

Para favorecer la seguridad del emprendedor, se amplia desde los 24 hasta los 60 meses la reanudación de la prestación por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta propia.

La nueva ley introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes -aquellos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente- puedan contratar un trabajador en determinadas circunstancias.

También se amplían los incentivos para los familiares colaboradores, que podrán beneficiarse de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en el RETA.

Para facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades de la Economía Social, la nueva norma amplía las bonificaciones a todos los tramos de edad.

Además, el nuevo texto reconoce a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general.