La Policía Nacional ha desmantelado dos empresas agrícolas ficticias en Mazarrón (Murcia), detenido a 45 personas como presuntas autoras de sendos delitos de fraude a la Seguridad Social por más de un millón de euros e imputado a otras 150 por ese mismo delito y el de falsedad documental.

Las detenciones se han producido en el marco de la segunda fase de la denominada operación Charco Hondo, que comenzó a mediados de 2014 al constatar la policía que dos empresas de Mazarrón podían tener una actividad ficticia, ya que sus responsables ya tenían antecedentes por este tipo de delitos.

Estas personas, un hombre de nacionalidad española y su pareja, habían creado un par de años atrás otras sociedades agrícolas ficticias para cobrar a extranjeros a los que tramitaban falsas altas en la Seguridad Social y después no abonaban las cuotas, lo que generó deudas por valor de unos 450.000 euros.

En aquella ocasión, además del organizador, que ingresó en prisión, fueron detenidas más de 100 personas, entre ellas un elevado número de extranjeras residentes en otras provincias.

Ahora, la pareja detenida habría creado dos empresas agrícolas en las que dio de alta a unos 150 trabajadores en un año, pero ninguno de ellos llegó a trabajar.

Los falsos empleados pagaban al cabecilla de la trama para acumular periodos de alta en la Seguridad Social y poder después acceder a prestaciones por desempleo o renovar sus autorizaciones de residencia en España.

Así, los detenidos generaron una deuda con la Seguridad Social de unos 100.000 euros, ya que las empresas ficticias no llegaron a abonar cuota alguna por los falsos trabajadores, a los que se suman otros 350.000 euros que las firmas debían haber abonado si hubieran tenido una actividad real.

Durante la investigación se han intervenido numerosos contratos falsos de arrendamientos de fincas en terrenos con incapacidad para plantaciones agrícolas por su orografía y composición rocosa, en los que se habían utilizado tanto datos de identidad de personas físicas como de otras empresas.

El domicilio de la mayor parte de los empleados radicaba fuera de la región de Murcia, e incluso un importante grupo de ellos fuera de España.

Al detectar que estaban siendo investigados, los falsos empresarios abandonaron España y se instalaron en Ecuador cinco meses, pero han sido detenidos recientemente a su regreso a España.

La operación se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas entre la brigada de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Cartagena (Murcia), la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo.