La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha confirmado la sanción de 60.100 euros impuesta por la Delegación del Gobierno a una empresa por contratar a diez trabajadores que carecían de permiso de residencia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la empresa admitió que se cometió una irregularidad administrativa con esa contratación, pero añadía que la sanción impuesta le parecía desproporcionada.

La Sala, al desestimar el recurso, considera ajustada a Derecho tanto la sanción como la cuantía de la misma.

Así, explica, el importe de la multa fue el mínimo que se podía imponer, que eran 6.001 euros por cada uno de los diez trabajadores contratados.

El resto, hasta los 60.100 euros finalmente impuestos, correspondía no tanto a la sanción como al cálculo de las cuotas de la Seguridad Social.