La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con una multa de 9.300 al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región por prácticas contrarias a la competencia. La CNMC da la razón así al abogado y administrador de fincas de Cartagena, Francisco Garzón, quien inició el proceso contra el colegio hace tres años.

Según la Comisión de Mercados, el Colegio “pretende coartar la libre competencia en precios de los administradores de fincas”, al imponer “baremos de honorarios mínimos a los colegiados llegando a coaccionarlos para que se ajustasen a estos precios mínimos”.

No obstante, Francisco Garzón inicio en el año 2013 un proceso con una denuncia ante la CNMC, posteriormente remitida al Servicio Regional de Defensa de la Competencia para su investigación y tramitación, y una demanda ante el Juzgado contra el COAFMU, para la defensa de su honor e imagen profesional. Para el propio Garzón “ante la mala praxis del COAFMU me vi obligado a interponer demanda ante el Juzgado, así como denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia a fin de que se resolvieran las irregularidades que el COAFMU estaba llevando a cabo”.

Además, las autoridades de competencia argumentan la mala actuación del COAFMU, aludiendo a la “fijación de precios mínimos a través de la recomendación colectiva de un baremo de honorarios orientativos, acompañada de amenazas, coacciones y otras acciones dirigidas contra los profesionales que desearan aplicar rebajas o descuentos en los precios”.

Según la nota de prensa de la página web de la propia CNMC: “La Resolución considera probado que el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia era plenamente consciente de la prohibición del mantenimiento de honorarios orientativos de precios tras la reforma de la Ley de Colegios Profesionales en 2009. No obstante, decidió continuar manteniendo este baremo de precios mínimos durante los años siguientes y controlar su implantación y seguimiento entre los colegiados (especialmente de la zona de Cartagena y La Manga del Mar Menor). Para conseguir tales propósitos, remitía circulares y celebraba reuniones, en las que se coordinaban y actualizaban colectivamente los honorarios a través de estudios económicos de costes mínimos que evitasen la competencia entre los profesionales afectados.

Para lograr estos objetivos, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia amenazaba a los colegiados en circulares y reuniones con la expulsión del colegio. Así como posibles acciones judiciales contra aquellos que efectuaran rebajas sobre los precios concertados colectivamente.

Además, desarrolló una campaña publicitaria dirigida a los usuarios y contraria a la libre competencia, en la que acusaba y desprestigiaba profesionalmente a los colegiados que fijaban precios por debajo del baremo recomendado.”