El Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto-Ley que suspende la concesión de primas a nuevas instalaciones renovables con los votos a favor del PP, la abstención de CiU, PNV y UPyD y el rechazo del resto de los grupos.

Durante su intervención para defender esta norma, el ministro de Industria,  José Manuel Soria, ha subrayado que el fin de este parón es contribuir a acabar con el déficit de tarifa eléctrico, un "obstáculo insalvable" para que las renovables puedan seguir desarrollándose y poder contar así con un sistema seguro, competitivo y sostenible.

De esta forma, el Gobierno y su mayoría parlamentaria han ratificado el llamado ‘decretazo energético’ que pone fin a las ayudas a las renovables con la excepción de la energía termosolar, a la que permitirá instalar 1.438 MW a lo largo de este año y el próximo. La mayoría de las plantas termosolares corresponden a la conocida como 'Triple A', Abengoa, Acciona y ACS.

El sector insiste en que esta medida adoptada tiene un “impacto muy limitado sobre el déficit estructural de 2012”. Según los análisis que maneja la patronal del sector, la supresión de primas reducirá muy escasamente el déficit de tarifa en 2012 y 2013, 160 millones de euros de ahorro en 2012 prácticamente insignificantes comparados con el déficit potencial de 6.500 millones de euros, según se afirma desde JB Capital.

Por su parte, JP Morgan subraya el hecho de que  los proyectos termosolares en pre-registro no se hayan visto afectados por este decreto, cuando su potencial de impacto es de 2.000 millones de euros sobre el déficit de tarifa”. Así, JP Morgan califica la medida como “claramente insuficiente” para “reducir sus expectativas de 5.700 millones de déficit en 2012”.
Esta consultora señala como opción la posibilidad de “establecer un límite a la producción termosolar sujeta a primas, al igual que se hizo con la tecnología fotovoltaica”.

En términos similares se expresan en Goldman Sachs. Y, asimismo, tanto Cheuvreux como
Citigroup y Bank of America Merryll Lynch coinciden en que la medida adoptada “no pone fin a la incertidumbre en el sector eléctrico” debido a la “falta de solución al problema del déficit de tarifa”. Citigroup subraya que “el déficit de tarifa está lejos de ser resuelto” y Bank of America destaca “la falta de solución para los 20.000 millones de déficit de tarifa acumulado”.

El sector de la energía renovable subraya que España cuenta en estos momentos con una  sobrecapacidad de generación: 100.000 MW instalados y una punta de demanda que no llega a la mitad. Indican también que España ha cumplido prácticamente sus deberes medioambientales en materia energética para 2020 con casi nueve años de antelación y que el principal problema del sector eléctrico es el déficit tarifario, que ya supera los 24.000 millones de euros y que supone un lastre financiero para las compañías que están obligadas a cargar con él.

Las mismas fuentes destacan que otro aspecto injusto del decreto es que trata a todas las fuentes por igual, sin tener en cuenta que mientras la eólica, por ejemplo, supone un 16% de la energía y representa el 17% de los costes del sistema, la termosolar solar sólo produce un 3% y, sin embargo, alcanza el 13% de dichos costes totales.

En esta línea, y si fuera necesario en un futuro incrementar la potencia renovable, sería más adecuado poner en marcha 12.000 MW eólicos que 1.200 MW termosolares -precisamente, los que por ahora han sido indultados-, dado que suponen el mismo coste para el sistema y su aportación socio-económica-energética es muy inferior.

En cualquier caso, coinciden las empresas, hay que seguir introduciendo racionalidad en los costes del sistema eléctrico. Y, en esta línea, sería deseable que se retribuyera a todas las actividades reguladas con los mismos criterios de rentabilidad: tanto el transporte y la distribución de electricidad, que han alcanzado un elevado nivel de calidad en España, como las primas a las diferentes tecnologías renovables.

Por último, afirman que sería preciso que todos los sectores energéticos, y no sólo el eléctrico, contribuyeran a sufragar los costes derivados del cumplimiento de los objetivos medioambientales de España.

Durante la celebración hoy el pleno en el Congreso, el diputado socialista José Segura ha coincidido con las empresas en que esta normativa es "inútil" para el fin que persigue, que "criminaliza" a las renovables como únicas culpables del déficit y que paraliza un sector en el que España es "campeona del mundo".

Segura también ha pedido al Gobierno una amplia reforma del sector eléctrico, que deje de "destrozar el mix energético" con "martillazos de reales decretos", y ha reclamado un "libro blanco" sobre el sistema eléctrico.

El diputado del PSOE también ha recordado a Soria el rechazo de muchas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP a esta normativa, que frena muchos concursos regionales sobre renovables.

Desde Murcia, el Gobierno regional ha expresado hoy que mantiene su firme defensa del sector de las energías renovables, aunque es partidario de reformar el sistema energético español para hacerlo más competitivo y conseguir así reducir el déficit tarifario actual, para que este desequilibrio no recaiga en los ciudadanos ni en los empresarios.

El portavoz del Gobierno regional, José Ballesta,indicó que Valcárcel había dicho a Rajoy -en la reunión celebrada recientemente en La Moncloa-, que el Gobierno regional mantendrá el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley de diciembre de 2010, que “cambió las reglas del juego a mitad de partido”. La finalidad, según indicó el portavoz, es “recuperar las primas que se otorgaban a los productores de energías renovables y así lograr impulsar el desarrollo del sector”.
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Asimismo, el responsable autonómico afirmó que desde el Gobierno regional defiende los intereses de los empresarios y que buscará alternativas que doten de viabilidad y futuro a este sector de gran peso, aunque no especificó cómo.