El gobierno catalán ha aprobado hoy un decreto cuya finalidad es facilitar el acceso a los cuerpos tributarios de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), considerada una "estructura de estado" por parte del actual ejecutivo catalán, que aspira a controlar todos los impuestos vigentes en Cataluña.

En un comunicado, el gobierno catalán ha precisado que el decreto regula el contenido general de las pruebas para acceder a los cuerpos tributarios de la ATC, si bien un reglamento detallará posteriormente el contenido general de las pruebas.

Este decreto da más flexibilidad al órgano que convoca los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos tributarios, de forma que podrá optar por la modalidad de concurso oposición o de oposición.

Hasta ahora, el sistema de concurso oposición estaba reservado a la promoción interna, lo que suponía un perjuicio para el personal interino.

Otra novedad del decreto es que cuando una persona se presente a un proceso selectivo y supere con éxito una prueba, ésta quedará aprobada para la convocatoria siguiente.

Asimismo, la promoción interna se regulará con más flexibilidad, de forma que los funcionarios tendrán más fácil participar en procesos de selección de acceso a los cuerpos de adscripción exclusiva a esta agencia.

A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional anuló un artículo de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña que preveía la "integración voluntaria" de funcionarios de la hacienda estatal a cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalitat.

La Agencia Tributaria de Cataluña cuenta actualmente con unos 350 empleados, si bien el departamento de Economía aspira a ampliar la plantilla hasta las 900 personas en esta legislatura, de 18 meses de duración.

Asimismo, la Generalitat quiere asumir la recaudación ejecutiva y la liquidación de los impuestos propios y cedidos, y en las próximas semanas prevé convocar 40 plazas para acceder al cuerpo técnico de gestores tributarios de la Agencia Tributaria Catalana.

En paralelo, la Generalitat ha encargado el desarrollo de un software, denominado Espriu, para asumir la gestión de todos los impuestos, un proyecto que está desarrollando IBM y que puede acabar costando unos 100 millones de euros, según reconocía hace unos días el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.