La indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente se reduce de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, según se recoge en la reforma laboral aprobada hoy por el Consejo de Ministros. La indemnización será de 20 días si la empresa presenta caídas de ingresos durante nueve meses.

Asimismo, el Gobierno ha creado una cuenta de formación para cada trabajador por la que tendrá derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa, según ha explicado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en rueda de prensa.

Para los contratos antiguos la nueva indemnización de 33 días sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación la norma.

No obstante, estos contratos conservan el derecho a obtener una indemnización de hasta 42 mensualidades.

De esta forma, a partir de ahora sólo habrá un tipo de contrato fijo, ya que se fusionarán el ordinario y el contrato de fomento del empleo estable con las condiciones que estaban establecidas para éste último.

El despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- mantiene la misma indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

No obstante, la nueva norma matiza las causas económicas, de forma que la disminución persistente de ingresos "durante tres trimestres consecutivos" será motivo suficiente para recurrir al despido.

De otro lado, la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada "ultraactividad" que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios.

Respecto a la negociación colectiva, Báñez ha señalado que si no se alcanzase un acuerdo entre los agentes sociales la empresa iría a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje, manteniendo el principio de voluntariedad.

De no alcanzar el acuerdo, una de las partes podrá acudir a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos o sus equivalentes autonómicos, que nombrara un árbitro y resolverá en 25 días como máximo.

Para ahondar en la flexibilidad interna de las empresas y evitar que el despido sea el último recurso al que tenga que recurrir un empresario en caso de circunstancias difíciles, la reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior.

Asimismo, se facilita a las empresas en dificultades que se puedan "descolgar" del convenio, es decir no cumplir con lo pactado por las partes.

La reforma pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios, es decir de su prórroga automática cuando vence, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente.

En materia de absentismo y para considerarlo causa de despido se elimina la vinculación del absentismo individual del trabajador con el que tenga la plantilla.

También se establece más colaboración con las Mutuas de Trabajo para evaluar la incapacidad temporal de los trabajadores.

Para combatir el fraude y la economía sumergida, propone un plan especial de la Inspección de Trabajo.

Además, se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación por paro realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad, a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas

Báñez aprovechó su comparecencia para llamar a la "responsabilidad" a los agentes sociales en relación a eventuales movilizaciones, tras aprobar por decreto la reforma laboral, cuyo contenido presentará a empresarios y sindicatos "en todo detalle" el próximo lunes.

"Apelamos a su responsabilidad en un momento de crisis grave" ya que "a corto plazo esta reforma frena la sangría" de empleos, ha defendido Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se ha aprobado el decreto, que será tramitado como un proyecto de ley en el Congreso, y por tanto podrá ser enmendado.

Báñez ha recalcado que durante todo el proceso de elaboración de la reforma el Gobierno ha estado en contacto "permanente" con empresarios y sindicatos, y se ha remitido a la petición que les hizo el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para que se pusieran de acuerdo en los términos de la modificación del mercado laboral.

Lograron un "importante" acuerdo de moderación salarial, ha recordado, pero ante el desacuerdo en el resto de materias, "la obligación del gobierno" es legislar al respecto, ha dicho la ministra.

Por ello, preguntada por si el Gobierno está "preparado" para eventuales movilizaciones sociales en protesta por la reforma, Báñez ha apelado a la "responsabilidad" de los implicados.