La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, presidió recientemente el Consejo Regional de Servicios Sociales, donde se informó sobre el borrador del Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia. Según este borrador, la Comunidad ampliará el importe y el tiempo de las ayudas económicas que recibirán las personas más necesitadas.

Violante Tomás explicó que “la prestación económica para las familias más necesitadas se situará en el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en 426 euros, de modo que se mejorará notablemente la prestación actual”.

Otra de las mejoras previstas es el incremento de la duración de la prestación hasta 24 meses cuando los beneficiarios estén participando en un proyecto individual de inserción y el mantenimiento de la ayuda sea imprescindible para la continuidad del mismo.

Además de incrementar la cuantía de la prestación, el futuro reglamento mejorará sustancialmente las condiciones de percepción, al establecer que sea compatible con otras rentas de trabajo.

La Comunidad destinará este año un total de 14 millones de euros a la Renta Básica de Inserción, un 60 por ciento más de lo presupuestado en 2015. Esta dotación permitirá atender a 5.000 familias este año y se estima que las ayudas llegarán a unas 16.000 personas sin recursos y en riesgo de exclusión social.

Violante Tomás explicó que “nos hemos puesto al día en la concesión de las ayudas económicas de la Renta Básica de Inserción, cumpliendo los dos meses desde la entrada de la solicitud”. Así, subrayó que el Gobierno regional “cumple con su compromiso de pagar las ayudas, por lo que a finales del año pasado se eliminó la lista de espera, ya que éste es el único dinero que se recibe en muchos hogares, esencial para cubrir las necesidades básicas de sus miembros, y esas familias necesitan una ayuda urgente a la que estamos respondiendo”.

En la elaboración del reglamento de Renta Básica de Inserción han participado todas las organizaciones del Tercer Sector, profesionales de la Comunidad, de servicios sociales municipales y del Colegio de Trabajo Social, y la mayoría de sus demandas han sido incluidas.