Una veintena de empleados públicos se forman para reducido procesos administrativos • La CARM ha acortado 848 procedimientos
Una veintena de empleados públicos de la Administración regional participa esta semana en el curso ‘Simplificación Administrativa’, organizado por la Escuela de Administración Pública de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, para formar equipos que rediseñen y racionalicen procedimientos administrativos.
El director general de Empleo Público, Calidad e Innovación de los Servicios, Guillermo Insa, explicó en la inauguración de este curso que la Comunidad, a través de la Dirección General de Empleo Público y con la colaboración de unos 1.500 funcionarios, ha revisado y simplificado 848 procedimientos administrativos, de los que 149 ya se están aplicando en su versión sencilla.
Se trata de aliviar las cargas burocráticas sobre cada uno de los trámites, eximiendo al ciudadano y la empresa de la presentación de ciertos documentos y transformando los expedientes en papel en expedientes digitales.
Insa expuso que en un plazo máximo de 12 meses, la Administración regional dejará de mover casi 700.000 documentos, ya que desde enero de este año los ciudadanos y las empresas están eximidos de presentar cerca de 200 tipos de documentos en los diferentes procedimientos.
Los más comunes de estos documentos son, entre otros, el DNI, las altas en el Impuesto de Actividades Económicas, los certificados de empadronamiento, o los certificados de discapacidad, pero hay otros muchos que han sido sustituidos por la conocida Declaración Responsable.
Estas cifras, según el director general, “se traducen en un ahorro que nos beneficia a todos. Las cargas administrativas se reducen en casi un 50 por ciento y el coste económico para ciudadanos y empresas se rebajará ostensiblemente, hasta alcanzar el 80 por ciento en algunos casos”.
El director general de Empleo Público, Calidad e Innovación de los Servicios, Guillermo Insa, explicó en la inauguración de este curso que la Comunidad, a través de la Dirección General de Empleo Público y con la colaboración de unos 1.500 funcionarios, ha revisado y simplificado 848 procedimientos administrativos, de los que 149 ya se están aplicando en su versión sencilla.
Se trata de aliviar las cargas burocráticas sobre cada uno de los trámites, eximiendo al ciudadano y la empresa de la presentación de ciertos documentos y transformando los expedientes en papel en expedientes digitales.
Insa expuso que en un plazo máximo de 12 meses, la Administración regional dejará de mover casi 700.000 documentos, ya que desde enero de este año los ciudadanos y las empresas están eximidos de presentar cerca de 200 tipos de documentos en los diferentes procedimientos.
Los más comunes de estos documentos son, entre otros, el DNI, las altas en el Impuesto de Actividades Económicas, los certificados de empadronamiento, o los certificados de discapacidad, pero hay otros muchos que han sido sustituidos por la conocida Declaración Responsable.
Estas cifras, según el director general, “se traducen en un ahorro que nos beneficia a todos. Las cargas administrativas se reducen en casi un 50 por ciento y el coste económico para ciudadanos y empresas se rebajará ostensiblemente, hasta alcanzar el 80 por ciento en algunos casos”.

