Otra semana en la que las cosas parecen ponerse algo más difíciles. Por fin hemos entrado en camino, pero este por el momento es intransitable, son excesivos los baches y muy fuertes las tormentas pasadas que han dejado un barro nunca visto.

Día tras día vamos conociendo hechos ocultos en el pasado y situaciones ver-daderamente difíciles. Por ejemplo, esta semana hemos sabido que la recesión elevará en 20.000 millones este año el pasivo español; que nuestra deuda privada asciende al 61% del PIB, sobrepasando en el 1% lo exigido; que la balanza de pagos por cuenta corriente arroja un déficit del 6,5%, cuando debería mantenerse por debajo del 4%.

En esta situación el Gobierno debe aplicar recortes importantes, como supondrá la reestructuración del sector público empresarial, comenzada el viernes por  Mariano Rajoy y que provocará, inevitablemente, el despido de personal laboral y eventual; pues es inadmisible mantener plantillas sobredimensio-nadas en la Administración, en un momento en el que el déficit público supera el 8% del PIB. El recorte de 50.000 millones de euros que es obligado realizar en un solo año obligará a acabar con fundaciones fantasma y con los cargos públicos nombrados a dedo. De igual manera será preciso restringir subvenciones a otras instituciones, como los sindicatos, lo que traerá consigo los alborotos y la movilización social por parte de aquellos que defienden su’ chupetica’ enmascarándolo como defensa de lo que ellos llaman derecho de los trabajadores.

Ahora bien, estos recortes tienen consecuencias negativas directas como: la recaída del consumo de los hogares, la contracción del gasto público y la inversión empresarial, la reducción de la actividad en la industria, la continuidad de la situación agónica de la construcción, el aumento del paro,... todo lo cual redundará en la caída del PIB, cuyo valor en enero (adelantado por el INE) ya presentaba un descenso del 0,3% en el cuarto trimestre frente al tercero de 2011, lo que supone una caída anual del 1,2%.

El exponencial aumento de la deuda pública española supone que el capítulo tres de los Presupuestos se destine íntegramente a pagar los intereses de la deuda, siendo esta la única partida de gasto que el Gobierno no tiene capacidad para reducir.

Todo esto nos lleva a concluir que tanto el Gobierno español como la Comisión Europea saben ya a ciencia cierta que la reducción del déficit fiscal desde el 8% estimado,  al 4,4% del PIB para este año, es un objetivo tan conveniente de realizar como irreal e imposible de cumplir. Según apuntan todos los analistas, un ajuste de casi 40.000 millones en solo doce meses llevaría a España a una recesión aún más profunda que esa caída ahora del 1,2% del PIB en que se haya inmersa, hipotecando, no solo este año sino el hipotético crecimiento de 2013.