El BBVA cederá un total de 1.800 viviendas a la Generalitat de Cataluña para que las destine a alquiler social, la mitad de las cuales están ya ocupadas por personas afectadas por procesos de desahucios.

A partir de la cesión, estas personas deberán demostrar que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cumplir las condiciones que exige la administración catalana para poder seguir ocupando esas viviendas en régimen de alquiler social.

El acto formal de cesión de las 1.800 viviendas se ha llevado a cabo en el Palau de la Generalitat, con la asistencia del presidente Carles Puigdemont y la directora de la entidad bancaria en España, Cristina de Parias, entre otros representantes de la administración y del BBVA.

El acuerdo prevé ceder 300 viviendas cada seis meses, y las primeras se entregarán este mismo verano en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Lleida, Girona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Terrassa, entre otras poblaciones.

Otros 300 pisos se entregarán antes de acabar el año para alquiler social, que puede oscilar entre los 100 y los 300 euros, en función de los ingresos familiares.

Las personas y familias vulnerables a las que se conceda alguna de estas viviendas en alquiler social podrán permanecer en las mismas cinco años, según se indica en el convenio.

El acuerdo garantiza que las personas que ocupan actualmente las 900 viviendas cedidas por el BBVA y que estén en situación de vulnerabilidad "no sean desahuciados de su vivienda", se afirma en el comunicado del departamento de Gobernación de la Generalitat.

Este es el quinto pacto alcanzado por el gobierno catalán con otras tantas entidades bancarias para la cesión de viviendas para alquiler social, además de la Sareb, con un total de 1.860 pisos.

A estos 1.860 se sumarán ahora las 1.800 viviendas del BBVA, que duplicarán el parque público de alquiler social disponible de la Generalitat.

La Sareb ha cedido 930 viviendas; Catalunya Caixa, 400; Bankia, 230; UCI, 100 y Caixabank, 200, la inmensa mayoría procedentes de procesos de ejecución hipotecaria.

Con la cesión de estos pisos, los bancos delegan en el gobierno catalán el proceso de evaluación de la situación de vulnerabilidad de las personas que los ocupan o pueden habitarlos, y evitan, al mismo tiempo, posibles protestas de los afectados por los desahucios ante sus oficinas.