Las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, supusieron la irrupción de los nuevos partidos, coaliciones, mareas, movimientos, etc. en las esferas locales y autonómicas. Tras un año de gestión, son numerosísimos los lugares en donde se habla de participación ciudadana y de presupuestos participativos. Esto ha llevado a dos reconocidos expertos como son Ernesto Ganuza, Investigador del IESA-CSIC y a Gianpaolo Baiocchi, profesor de la Universidad de Nueva York, a publicar unas reflexiones que, en parte, les reproduzco a ustedes, dado su indudable interés.

 “En el fondo, la participación plantea conflictos serios para una tradición política basada en el saber de los profesionales y la representación. Su desarrollo suscita, por eso, muchas preguntas. La participación da miedo, la gente se imagina hordas de individuos decidiendo sobre cuestiones centrales de forma caótica o estúpida. De ahí que, primero, se pregunte retóricamente si la gente está o no preparada para decidir. Pero no solo se alude a cuestiones de conocimiento, surge también un problema con las principales categorías que ordenan nuestro espacio político.

¿Quién habla por la ciudadanía, todos o solo sus representantes en la sociedad civil? Si deciden los ciudadanos ¿Qué van a hacer entonces los políticos? ¿Y los técnicos? ¿Pasan a un segundo plano? Todas estas cuestiones condicionan significativamente el alcance de la participación. No por falta de respuestas, sino por miedo a ellas. En la mayoría de los casos las experiencias participativas son diseñadas para neutralizar esos miedos. Si es difícil, por ejemplo, que un gobierno municipal hoy diseñe una experiencia que no implique participación directa, también lo es que la mayoría, por no decir todas, se orientaran a decidir cuestiones menores (como pequeñas infraestructuras) con tal de cercenar a un espacio delimitado el posible radio de acción de la participación, no vaya a ser que contamine la estructura. No creo que vayamos a ver a la gente decidir sobre si suben o bajan los impuestos locales o sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y no es que no se pueda o no se sepa, sino que no se quiere. Eso significaría enfrentar directamente la cuestión de la representatividad, del papel de los técnicos en la sociedad del conocimiento o de las asociaciones en una nueva era participativa. Sería ir pensando en una ciudadanía soberana. Aun así, por delimitadas que sean las experiencias, los ciudadanos van a debatir y decidir, lo cual plantea incluso a pequeña escala serios problemas a una administración pensada para otra cosa.

Fricciones. El primer elemento de fricción serán los políticos. Aunque una experiencia participativa sea impulsada por un Ayuntamiento, esto no quiere decir que todos los miembros de ese gobierno tengan la misma sintonía respecto a la participación. En épocas pasadas ha ocurrido lo contrario muy a menudo. Aquí, si muchos de los impulsores de los procesos defienden el hecho de que la ciudadanía decida, porque mejora la convivencia, la gestión o el sistema político, muchos otros lo entienden como una competencia a su trabajo y dudan de las bondades que se pueden esperar de los procesos participativos. El segundo elemento de fricción serán los participantes. Las nuevas experiencias se dirigen por lo general a toda la ciudadanía, lo que provoca más de una crisis sobre el derecho a decidir. Muchas asociaciones en las ciudades, que suelen participar ya de forma regular en órganos de gestión municipal, no suelen ver con buenos ojos esa llamada general a un ciudadano que vinculan con el individualismo (si no están asociados es que son egoístas) y la falta de conocimiento para tratar cosas públicas. Es también una competencia y para muchos de sus representantes una forma de ningunear las asociaciones. Y el tercer elemento tiene que ver con los técnicos y su papel en un proceso en el que serán los ciudadanos quienes decidan. Para muchos la participación será una carga extra de trabajo, porque aparte de sus tareas tendrá que atender otras nuevas, que son poco habituales (como hablar directamente con los participantes o evaluar sus propuestas), y en muchos casos las vivirán como una degradación de su figura de experto”...

Me llama poderosamente la atención esta cautela que expresan los autores referidos a políticos y a asociaciones y entidades representacionales. Curiosamente, se está debatiendo en estos mismos momentos en la única ciudad con un Presupuesto Participativo consolidado en la Región de Murcia –Molina de Segura-, el hecho en sí de efectuar a posteriori ciertos movimientos “correctores” de la voluntad de los ciudadanos expresada en la priorización de las necesidades aprobadas en las decenas de Asambleas y Reuniones, sustentados en la filosofía de que como se trata de dinero público, tiene que alcanzar a todas las zonas de la ciudad por igual.  Ni que decir tiene que la incorporación de este planteamiento a los presupuestos participativos –que por cierto no se contempla en el Autorreglamento por el que se deben regir los PP de 2016-, sería el principio del fin de los presupuestos participativos como elemento de participación ciudadana y democracia directa.

“Administración participativa. Nos olvidamos muy a menudo que participar no tiene que ver solo con escuchar a los ciudadanos. Tiene mucho que ver también con hacer una administración participativa, lo que requiere hábitos y practicas distintas. El gran reto será precisamente ese, reconvertir una administración diseñada para otras cosas en una administración capaz de trabajar junto a la ciudadanía. Si la expansión participativa pretende construir los puentes entre la política y la sociedad, la desconexión de la participación respecto a la administración puede convertir ese empeño en fuegos fatuos. En otras palabras, si la participación tiene alguna oportunidad de tener una presencia duradera  será cuando esté vinculada a la forma en que trabaja la administración. De otra manera, la participación siempre será periférica a la política, lo que no resuelve ni los problemas de la democracia, ni la necesidad que tiene la política de justificar públicamente sus decisiones”.

Aquí coinciden ampliamente los autores con una vieja reivindicación del mayor experto que tenemos en Murcia en materia de Transparencia y Participación Ciudadana, D. José Molina Molina, Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, quien reivindica la necesidad de construir una Administración Pública Participativa como una nueva forma de gestionar lo público con los ciudadanos, dejando atrás y superando el concepto de administrado o usuario de los servicios públicos.

Finalmente señalar una cuestión que llama poderosísimamente la atención: la llegada de políticos procedentes de movimientos “populistas”, ha supuesto un giro bastante acusado en lo que respecta al papel de los cargos públicos en los procesos de participación ciudadana. Se  advierte con sus actuaciones el cómo pretenden situarse en una especie de eje del movimiento participativo, alcanzando gran visibilidad y una notoriedad que no les corresponde ya que la condición sine qua non que da carta de veracidad a la participación ciudadana, es justamente que la organicen y realicen los ciudadanos, sin la intermediación de los políticos, los cuales han de situarse en un segundo plano, desde el que realizar el apoyo técnico necesario y la facilitación del proceso.  

@MAngelrtorres