La trama desarticulada este miércoles por expedir supuestamente de forma ilícita certificados de aptitud profesional (CAP) a transportistas profesionales defraudó más de medio millón de euros a la Comunidad Autónoma a través del cobro de ayudas públicas para realizar cursos que no llegaban a impartir, han informado a Efe fuentes policiales.

Esta operación la llevó a cabo ayer la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, y se saldó con la detención de una mujer y cinco hombres, todos españoles y entre los que se encuentra un jefe de servicio de la consejería de Fomento.

En el operativo, ordenado por el titular del juzgado de instrucción número Dos de Cartagena, se llevaron a cabo también cuatro registros de forma simultánea en la sede de Fomento, en una empresa de transportes de Molina de Segura, una vivienda en El Pilar de la Horadada (Alicante) y una academia de San Pedro del Pinatar.

Según las fuentes, a falta de analizar la importante cantidad de documentación incorporada a la causa tras los registros, los agentes sospechan de la existencia de varios centenares, "o incluso más de un millar", de carnés profesionales que no tendrían validez y cuyos titulares deberán examinarse para obtenerlo por los cauces legales.

De hecho, la consejera portavoz, Noelia Arroyo, ya avanzó ayer que la Comunidad Autónoma suspenderá esas licencias irregulares en el supuesto de que se confirme la investigación policial.

Los seis detenidos se encuentran en dependencias policiales y todavía no han sido puestos a disposición del juez instructor, que declaró secretas las investigaciones.