La consejería de Fomento presentó hoy en la Mesa de Trabajo de Planeamiento Territorial y Urbanístico del Libro Blanco de la Construcción una iniciativa para reducir los trámites administrativos para la implantación de actividades económicas que generen más puestos de trabajo y competitividad de la economía regional.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, destacó hoy que la Comunidad “ha emprendido un ambicioso proyecto de simplificación administrativa en el ámbito urbanístico y estamos trabajando en reducir, clarificar y simplificar la legislación existente y otorgar más seguridad jurídica a los ciudadanos”.

Pedro Rivera señaló que esta iniciativa “permitirá ofrecer nuestro apoyo a todos los agentes que aplican y desarrollan esta norma y contribuir a la implantación y desarrollo de distintas actividades económicas en un momento especialmente crucial para dejar atrás las dificultades económicas y consolidar el crecimiento”.

Consiste en unificar la interpretación y aplicación por parte de todos los ayuntamientos de las novedades normativas recogidas en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, como la declaración responsable de actividades económicas, comerciales y de servicios, la concesión de autorización excepcional por interés público o la figura de ‘fuera de norma’, y favorecer el desarrollo de nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.

Su objetivo es poder resolver las cuestiones o inseguridades jurídicas que pueden estar bloqueando la puesta en marcha de una actividad económica o la ampliación de una industria que permite generar más inversión en los municipios y crear nuevas oportunidades de empleo.

Se pretende aclarar la interpretación que se hace de la concesión de la Declaración Responsable, un título que permite realizar obras o iniciar una actividad económica tan sólo con la petición de este trámite, y que se ha detectado que en algunos ayuntamientos su aplicación se dilata por la solicitud de mucha documentación.

También se esclarecerá la tramitación municipal de la autorización excepcional por interés público, que autoriza obras, construcciones y actividades económicas, y del régimen fuera de norma que favorece la actividad económica en edificios, instalaciones y construcciones. En este sentido, se determinará la documentación que las entidades locales deben de remitir a la Consejería para conseguir uniformar la interpretación de la Ley 13/2015.