El nuevo Plan de Pago a Proveedores de las administraciones públicas avanza con solvencia con la intervención del ICO, que será el agente principal, aportando hasta un 30% de capital y ejerciendo de intermediario entre la banca y Hacienda. Esto funciona como en un país creíble -ya era hora- y nos anima a seguir trabajando.

Nuestros gobernantes se han tomado en serio eso de trabajar en la búsqueda de soluciones a los problemas de sus electores y se han puesto manos a la obra a intentar solucionar este asunto. Estupendo, que sigan así, sin parar. ¡Será por asuntos pendientes de resolver o mejorar! Seguro que no es por falta de efectivos o recursos en los cuadros de las AA PP, que cuentan en su haber con uno de los índices de desempleo más reducido entre todas las organizaciones, a pesar de contar con un desalentador y ridículo índice de eficacia.

Encontrar al ICO -el gran olvidado- y designarle con mando en plaza para resolver este caso, ha sido un gran descubrimiento, aunque para mí que siempre ha estado ahí, nunca ha desaparecido. Otra cosa es que nadie haya contado con ellos antes para resolver éste u otro problema desde hace años, y hayamos estado viendo pasar el tren sin subirnos a él. Y poner al ICO a trabajar, asignándole el cometido más difícil, ha sido un acierto indiscutible. El mundo financiero es cada día más complicado.

Como complicado es convencer a la banca para que colabore en la solución de este problema sin exigir por ello intereses abusivos, lo que al resto de los mortales nos parece intolerable. Más fácil resultaba facilitar a la Banca préstamos dirigidos a pymes y autónomos sin exigir que el destino fuese el previsto y sin pedir cuentas de ninguna clase. Se ve que las finanzas son para entendidos.

El ministerio de Hacienda exige a las AA PP que presenten un Plan de Ajuste donde demuestren que tienen capacidad para devolver la deuda que contraerán una vez la B¡banca pague a los Proveedores, pero desde nuestra Asociación tenemos varias dudas.
Constatamos, como habituales contratistas de servicios, la capacidad requerida de las entidades regionales y locales, pero dudamos sobre la inclusión de la deuda real que recogerá el Plan de Ajuste.
 
¿Figurará la deuda de los cajones -con a-, que engloba todos los trabajos realizados -facturados o no- sin haber seguido el trámite habitual? ¿Recogerá la previsión de deuda debida a modificaciones de contratos de obra o servicio paralizados o rescindidos por diversas causas? ¿Se analizarán y auditarán los Planes por entidades especializadas? ¿Se exigirán responsabilidades personales a los gobernantes que incumplan sus Planes o serán papel mojado? ¿Se incluirá un seguimiento estricto con personal cualificado de los Planes? ¿Se incluirán medidas correctoras para actuar caso de desviaciones? ¿Se dará publicidad y transparencia a los Planes para que el sufrido ciudadano pueda confiar -no sólo tener fe- en sus gobernantes?

Son dudas más que razonables, como la de las facturas de los cajones -con a-, que haberlas, haylas, aunque aún no afloren como deuda.