El ayuntamiento de Cartagena, que está personado como acusación en el caso Púnica, de presunta corrupción, ha reclamado penas que suman 17 años de prisión para el investigado José Antonio Alonso, exalcalde de dicha ciudad, al que atribuye siete delitos.

En el escrito, en el que se hace un relato de los hechos presuntamente cometidos por Alonso, se le atribuyen los delitos de fraude, cohecho, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos, entre otros.
La acusación se dirige también contra otras siete personas, entre las que se encuentra Alejandro de Pedro, responsable de la empresa encargada de ofertar trabajos de mejora de imagen, Madiva Editorial y Publicidad, contra la que también se dirige la imputación.

Otros acusados son dos trabajadores eventuales del consistorio cartagenero, Francisco Ferreño, que fue jefe de gabinete de la Alcaldía, y Mar Conesa.

Según el escrito acusatorio, todos ellos participaron en distintas actividades, desarrolladas en 2014, y que tenían como finalidad, presuntamente, ofrecer una imagen positiva de la gestión de la ex alcaldesa Pilar Barreiro.

Además de las distintas penas de prisión y multa que reclama para cada investigado, que gradúa según su grado de participación en los hechos, el Ayuntamiento solicita una indemnización de 4.840 euros, cantidad que asegura fue abonada con fondos públicos dentro de los trabajos dirigidos hacia aquella finalidad.