Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a trece bancos por irregularidades relacionadas con el real decreto-ley sobre las cláusulas suelo de enero, en casi todos los casos por poner trabas a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial impuesta en la norma.

La denuncia se ha presentado ante el Banco de España, el ministerio de Economía y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del ministerio de Sanidad, señala Facua en un comunicado.

Se trata de Bankia, Caixabank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos y España Duero.

Los bancos imponen a los consumidores realizar una serie de actuaciones que dificultan su derecho a reclamar y que no se exige en la normativa vigente.

La asociación advierte de que los bancos no solo han gozado de los hasta cuatro meses de tregua para la interposición de demandas judiciales que les ha regalado el real decreto ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos, sino que muchos de ellos están intentando ampliarlos rechazando la tramitación de reclamaciones enviadas directamente por los usuarios o a través de asociaciones de consumidores y despachos de abogados.

Las primeras denuncias fueron presentadas por Facua hace ya dos meses y medio, sin que el Banco de España, Aecosan ni el ministerio de Economía le hayan anunciado ni comunicado públicamente la adopción de medidas para hacer frente a las irregularidades de las entidades financieras.

Por su parte, las comunidades autónomas siguen sin anunciar sanciones contundentes contra la banca tanto por haber incurrido en el macrofraude de la cláusula suelo, lo que motivó las denuncias de Facua contra una veintena de entidades hace ya cuatro años, ni por las negativas a devolver todo el dinero a los usuarios.

Solo las redactadas por ellos

En casi todos los casos denunciados, los bancos se niegan a aceptar la tramitación de reclamaciones que no hayan sido redactadas a través de los formularios que ofrecen en sus oficinas.

Así, obligan a los usuarios a acudir a ellas personalmente aunque vivan en localidades donde no cuentan con sucursales -en muchos casos debido al cierre masivo de oficinas- o se trata de personas ancianas, enfermas o con discapacidades que les dificultan o imposibilitan desplazarse.

Además, al exigir que se realicen a través de formularios de las propias entidades, éstas provocan que el consumidor vea limitada la extensión de su reclamación y, consecuentemente, los hechos y la fundamentación jurídica que desee plasmar en la misma.

En su denuncia, Facua advierte de que el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, no limita los medios que puede utilizar el consumidor para presentar las reclamaciones.

Al hacerlo, los bancos están vulnerando el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su artículo 21 establece que se debe facilitar la interposición de reclamaciones por escrito a través de dos procedimientos: el primero es una dirección postal y el segundo, a elegir por la entidad, un correo electrónico o un número de fax.