El ex director territorial de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Murcia, Ildefonso Riquelme, ha asegurado hoy en el juicio contra ocho ex directivos de la entidad que la reclasificación de operaciones bajo el mandato del FROB "provocó las pérdidas" millonarias del primer semestre de 2011.

Por su parte, el ex responsable de la caja en Valencia, Bernardo Chuliá ha refrendado la versión de la ex directora general María Dolores Amorós, que en su declaración como acusada aseguró que el Banco de España intentó que suspendieran los test de estrés al obligarles a aplicar para 2011 normativa contable que el resto de las entidades no tuvieron que asumir hasta 2012 o 2013.

De haberlo hecho, ha dicho Chuliá, habría implicado "echar el cierre", ya que "la caja necesitaba 500 millones de euros que era imposible que saliesen", y ha añadido que tras la negativa de Amorós a firmar el documento alguien del organismo llamó para decirles que la CAM "había pasado raspadita" estas pruebas.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside Ángela Murillo, Ildefonso Riquelme ha cuestionado el criterio de los administradores provisionales del FROB de catalogar como dudosos ciertos créditos, que desveló un agujero de 1.135 millones y generó "una presión tan fuerte sobre la cuenta de resultados" de la CAM que "ninguna entidad solvente de la Unión Europea hubiera podido sostener".

En concreto, se ha referido a la política de aprobación de créditos, que ha dicho "constaba en los informes anuales de la CAM y se presentaba a los auditores internos, al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, por supuesto, al consejo de administración".

Propuesto por la defensa del ex director general de la caja, Roberto López Abad, para quien la Fiscalía solicita, al igual que para otros cinco exdirectivos, siete años y medio de prisión por estafa continuada, falsedad contable, apropiación indebida y falsedad documental, Riquelme ha indicado que tanto él como el resto de altos cargos renunciaron a los incentivos de 2010.

Una decisión que adoptaron porque consideraban que debían hacerlo, ha aseverado, pues los directores de sucursal, que "habían tenido mucha tensión, con mucha información intoxicada de la prensa" también debían ser partícipes del cobro en caso de producir beneficios.

Ha respondido así a las cuestiones sobre las prestaciones recibidas por los miembros del comité de dirección, a quienes las acusaciones atribuyen un supuesto cobro indebido de 47 millones de euros en indemnizaciones, complementos salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.

El Frob, en entredicho

También ha puesto en entredicho el mandato del FROB el ex secretario general de la CAM José Pina Galiana, que ha apuntado que los administradores provisionales "no contemplaron un beneficio de más de 200 millones" en la cuenta de resultados, procedentes de la evolución de los préstamos hipotecarios, hasta que Bruselas aprobó la venta de la CAM al Banco Sabadell en 2012, pese a ser "conscientes" de ello meses antes.

Pina ha insistido además en que la caja fue objeto de "inspección constante" por el Banco de España durante años al ser una "entidad grande", y ha apoyado a quienes fueran sus compañeros en la CAM pues "conociéndolos no hay duda de que siguieron remitiendo la información necesaria".

Algo que ha subrayado el director general adjunto de la caja desde febrero de 2011, Agustín Llorca, que ha relatado que un inspector del organismo regulador llegó a felicitar a la entidad por su gestión de riesgos, y ha apuntado que el Sabadell, heredero de la cartera tras adquirir la CAM por un euro, tiene la "obligación" de asumir el pago de las cuotas participativas.

El ex director general de Particulares de la CAM en Murcia Palmiro Molina ha asegurado durante esta séptima sesión que las operaciones de riesgo sólo eran aprobadas en el consejo "por unanimidad".

Hecho que ha detallado el exdirector de Control de Riesgos Manuel Pomares, quien ha asegurado que aunque al Banco de España "no le gustaban las titulizaciones dudosas" como algunas de las efectuadas por la CAM, cuando preguntó le trasladaron que el organismo no se opuso a que se efectuaran.

El juicio se retomará mañana con la comparecencia de los peritos del Banco de España, que analizarán ante el tribunal la situación de la caja entre 2010 y 2011.