La Comisión de Empleo del Congreso ha pedido al Gobierno que revise la regulación del contrato a tiempo parcial para modificar el régimen de las horas complementarias, así como mecanismos que controlen las horas trabajadas para evitar la explotación laboral.

La mayoría de los grupos parlamentarios ha apoyado una proposición no de Ley del grupo socialista que insta al Ejecutivo a adoptar medidas que garanticen el registro de la jornada de todos los trabajadores de la empresa, independientemente del modelo de contrato que tengan y que fije como parte esencial del contrato la distribución horaria.

La diputada del PSOE Rocío de Frutos ha advertido de que el exceso de horas de trabajo influye en la devaluación salarial y en la cotización, ya que "hay muchas horas que al no declararse no se cotizan".

"El control de la jornada es necesaria para garantizar unas prestaciones adecuadas", ha dicho.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo de Unidos Podemos y el PNV entre otras formaciones, también solicita revisar la sanciones por incumplimientos de las obligaciones en materia de jornada y la creación de un sello horario racional para empresas que incorporen en sus convenios medidas de flexibilización del tiempo de trabajo.

La proposición pide implicar a los empresarios para difundir modelos de buenas prácticas en la implementación de horarios y en la reestructuración de los tiempos laborales en las empresas y potenciar campañas de inspección.

La iniciativa ha recibido una enmienda del grupo parlamentario de Ciudadanos, que ha sido rechazada, y que solicitaba realizar un estudio para controlar el fraude tanto por sectores como por el tamaño de sus empresas.

El diputado del PNV Iñigo Barandiarán ha apoyado la iniciativa socialista ante la urgencia de controlar las horas trabajadas, mientras que desde Unidos Podemos, Alberto Rodríguez ha insistido en que se debe "tumbar" la reforma laboral.

La Comisión de Empleo, con los votos favorables de Ciudadanos y del PNV , también aprobará hoy una proposición no de Ley del grupo parlamentario popular que insta al Ejecutivo a estudiar con la colaboración de las CCAA y los agentes sociales la elaboración e implementación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2017-2020, con el fin de que sea estudiado en comisión.

El grupo parlamentario socialista ha presentado una enmienda, que a su vez no ha sido aceptada por el PP, para que se evaluaran todas las medidas contenidas en el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social en 2012 con el objetivo de que la implementación de esta nueva estrategia incluyera normas y planes de actuación de inspección concretos, sobre contratos, siniestralidad laboral o formación.