Telefónica ha presentado este jueves ante Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo que proyecta en España y que afectará a 8.500 trabajadores en cinco años, una cifra superior a la anunciada en abril. Entonces la previsión era la baja de unos 6.000 trabajadores. Con este ERE, Telefónica planea suprimir un rebajar en un 24% su plantilla en España, país en el que obtuvo en 2010 unos ingresos de 18.711 millones de euros, que representa una caída de un 5% respecto al ejercicio anterior. Aún así, los beneficios de la compañía que preside César Alierta fueron de 10.167 millones, especialmente por el servicio que presta en Latinoamérica.

    Este ERE sería de aplicación para los trabajadores de más de 50 años, situación en la que se encuentra aproximadamente el 40% de la plantilla, que verían garantizada una jubilación anticipada con el 100% del suelo y sin necesidad de trabajar.

    El anuncio en abril del ERE de Telefónica generó un aluvión de críticas por parte de las formaciones políticas, que consideran inexplicable que una empresa con abultados beneficios despida de esta forma a sus trabajadores. También se pronunció el Gobierno, que a través de dos de sus vicepresidentes, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, señalaron que el coste del Expediente de Regulación de Empleo lo debe asumir la compañía, y en ningún caso se debía financiar con fondos públicos.

    La ministra de Economía y Hacienda señalaba que si bien las empresas tienen derecho a reorganizarse y a decidirlo por sí mismas, "no parece muy razonable que los contribuyentes deban asumir la reorganización de una empresa con beneficios".

     En el mismo sentido, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha insistido este jueves en que la operadora deberá hacerse cargo del coste de los trabajadores que vayan al paro.

    En la memoria justificaba del EFE, Telefónica apunta a la autoridad laboral que se compromete a cumplir con los principios básicos de "universalidad, voluntariedad y no discriminación" y justifica su decisión por la situación que atraviesa la compañía en el país y la necesidad de ajustar costes sociales. Además, se garantiza que durante los cincos años no se producirá ningún otro ERE, ni despido masivo de trabajadores.