La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso que las empresas Navantia e Izar Construcciones Navales presentaron contra la sentencia de un Juzgado de Cartagena que les impuso un recargo del 30 por ciento en las prestaciones por viudedad a percibir por la viuda de un trabajador que falleció tras estar en contacto con el amianto.

La sentencia del TSJ, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el Juzgado de lo Social declaró probado que la demandante percibe una pensión de viudedad por enfermedad profesional tras el fallecimiento de su esposo, que se produjo en octubre de 2012.

El fallecido presentaba adenocarcinoma de pulmón, insuficiencia respiratoria y abestosis pulmonar.

Señalaba así mismo que aquel ingresó en la entonces Empresa Nacional Bazán en enero de 1967 y trabajó primero como peón y luego como especialista, hasta que cesó, en febrero de 1992, por un expediente de regulación de empleo.

La sentencia, ahora respaldada por el TSJ, recogió igualmente que "en la realización de su trabajo estaba en contacto con el amianto, cosa que no niega la parte demandada, y los medios de protección eran muy rudimentarios, y los reconocimientos médicos, como mucho, anuales".

También exponía el Juzgado de lo Social de Cartagena que en la construcción de buques y submarinos se utilizaba el amianto, con la que el esposo de la demandante estuvo en contacto.

La sentencia condenó a las dos empresas demandadas a un recargo del 30 por ciento en las prestaciones de viudedad, por la falta de medidas de seguridad.