La Comisión de Política Territorial, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional ha aprobado esta mañana las 13 enmiendas más conflictivas y que perjudicaban a la actividad agraria dentro de la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

El texto definitivo, que entrará a Pleno el 1 de febrero, ya ha provocado las protestas de los agricultores, que prevén concentrarse ante la Asamblea el día de la votación.

Estas enmiendas consideran actividad agrícola susceptible de aplicar medidas tanto las que se encuentren en Alhama como junto a Los Urrutias, por ejemplo. Además, cada agricultor deberá destinar el 5% de las parcelas a sistemas de retención de nutrientes con la instalación de setos naturales.

Asimismo se les obligará a los agricultores a labrar terrenos siguiendo la curva de la vertiente para evitar la llegada de nutrientes a la laguna cuando haya lluvias torrenciales o se produzcan escorrentía.

Igualmente, se prohíbe la puesta en marcha de nuevos regadíos y aquellos que sean considerados ilegales deben cesar de inmediato su actividad y devolver la tierra a su estado original.

Según cálculos de Proexport, que había tachado de “barbaridad” estas enmiendas a la Ley, el coste para los agricultores puede alcanzar los 550 millones de euros.