El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado hoy, con los votos de la oposición, la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor. Los 23 votos a favor de los diputados de los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos, y 22 en contra de los diputados populares.

La sesión plenaria ha empezado con una moción incidental del PP, que ha pedido un aplazamiento del debate. Los 23 votos de la oposición lo han rechazado y finalmente se ha celebrado el Pleno.

La socialista Yolanda Fernández Sánchez, presidenta de la Comisión de Política Territorial, ha sido la encargada de informar sobre el dictamen al proyecto de Ley, cuyo debate y votación era el punto central de la sesión plenaria. Durante los ocho meses que ha durado el proceso, los diputados han escuchado el parecer de los distintos expertos que han comparecido ante la Comisión y se han entrevistado con colectivos sociales, medioambientales y agrícolas, canalizando sus aportaciones a través de 47 enmiendas, de las que 29 fueron aprobadas por unanimidad en el seno de la Comisión y 13 por mayoría simple.

La presidenta de la Comisión ha concluido la presentación del dictamen exhortando al conjunto de  los diputados a debatir “con libertad y sin miedo”.

Las posturas de las distintas fuerzas políticas han sido defendidas desde la tribuna por Antonio Guillamón Insa, diputado socialista; María Giménez Casalduero, Podemos; Luis Francisco Fernández Martínez, Ciudadanos; y Jesús Cano Molina, del Grupo Popular.

Antes de proceder a la votación del dictamen, los diputados de los tres Grupos de la oposición han rechazado los  votos particulares formulados por los populares a siete de sus enmiendas conjuntas.

La Ley, y especialmente las enmiendas hoy aprobadas, han provocado las protestas de los agricultores, que finalmente decidieron no manifestarse ante las puertas de la Asamblea.

 
Estas enmiendas consideran actividad agrícola susceptible de aplicar medidas de protección tanto las que se encuentren en Alhama como junto a Los Urrutias, por ejemplo. Además, cada agricultor deberá destinar el 5% de las parcelas a sistemas de retención de nutrientes con la instalación de setos naturales.
 

Asimismo se les obligará a los agricultores a labrar terrenos siguiendo la curva de la vertiente para evitar la llegada de nutrientes a la laguna cuando haya lluvias torrenciales o se produzcan escorrentía.

Igualmente, se prohíbe la puesta en marcha de nuevos regadíos y aquellos que sean considerados ilegales deben cesar de inmediato su actividad y devolver la tierra a su estado original.

Según cálculos de Proexport, que había tachado de “barbaridad” estas enmiendas a la Ley, el coste para los agricultores puede alcanzar los 550 millones de euros.