El pasado 3 de abril de 2012 fue presentado a las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Para analizar estos cambios normativos y los principales impactos fiscales y legales, ENAE Business School en colaboración con Deloitte, ha organizado un desayuno de trabajo.

Durante el encuentro se ha hablado de las principales medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, con incidencia en el propio pago fraccionado a presentar este próximo 20 de abril. Entre las medidas adoptadas destacan el establecimiento de pagos fraccionados mínimos, la reducción del límite de deducciones aplicables en un ejercicio, la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros, la derogación de la libertad de amortización y el establecimiento de un procedimiento de regularización tributaria voluntaria (“Amnistía fiscal”).

Durante el evento, Mercedes Rodríguez Marín, gerente de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios de la Oficina de Murcia, ha recalcado que “estas medidas tributarias y administrativas se han llevado a cabo con el objetivo de reducir el déficit público y afectan fundamentalmente al Impuesto sobre Sociedades y, especialmente, a las grandes empresas, por lo que los trabajadores, en principio, no se verían afectados de forma directa”. “También hay que matizar que, tanto las medidas fiscales ahora adoptadas en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades como las aprobadas hace un trimestre en el ámbito del IRPF, son con carácter temporal para los ejercicios 2012 y 2013”, ha agregado.

Mercedes Rodríguez ha afirmado que “actualmente resulta imprescindible que quede claro el escenario fiscal de España y que las medidas fiscales que sean necesarias se adopten cuanto antes, de forma que no se genere desconfianza tanto para los inversores extranjeros que puedan plantearse invertir en España, como para nuestras propias empresas, para que no se planteen emigrar a otros países”.

En relación a la amnistía fiscal y si los ciudadanos se creerán perjudicados frente a ésta, Mercedes Rodríguez ha señalado que la medida adoptada tiene carácter excepcional y con ella se pretende que se afloren rentas no declaradas. “La cuestión de fondo es si dichas rentas solo aflorarían en caso de regularización voluntaria, en cuyo caso se hace necesario establecer un tipo más favorable para incentivar que así se haga, o si podrían y deberían ser identificadas vía inspección por parte de la Administración. Cuestión distinta es que tipo más favorable resulta óptimo para incentivar la regularización voluntaria, ¿podría bastar con un tipo algo superior al 10% fijado?”, ha concluido.